La magistrada Belén Sánchez, que ha investigado en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid la denuncia de la dermatóloga Elisa Pinto, ha ampliado los delitos por los que, a su juicio, el empresario Javier López Madrid debe sentarse en el banquillo junto al excomisario José Manuel Villarejo.
En una resolución dictada el pasado 29 de junio, la instructora acoge una petición del fiscal y considera que, además de ir a juicio por presuntos delitos de acoso y amenazas a Pinto, López Madrid debe responder también del delito de lesiones atribuido a Villarejo, ya que ambos actuaron de común acuerdo al agredir a la doctora.
La jueza ha desestimado los recursos interpuestos por el expolicía y López Madrid contra la resolución que dictó el 28 de agosto pasado. Después de casi siete años de pesquisas, la instructora dio por terminada la investigación y determinó que hay indicios de criminalidad suficientes para juzgar a Villarejo como presunto autor del apuñalamiento que sufrió Elisa Pinto el 10 de abril de 2014 en presencia de su hijo menor de edad, y también para juzgar al empresario por acoso y amenazas.
Ahora, la magistrada no sólo confirma esos indicios sino que extiende la imputación de López Madrid al delito de lesiones por el ataque con un arma punzante que sufrió Pinto.
Se basa, para ello, en las pruebas obtenidas en el caso Tándem, que se instruye contra José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional.
Por encargo
La jueza comparte el criterio de la Fiscalía, según la cual existió "un encargo" de López Madrid a Villarejo para "hostigar" a Elisa Pinto, tratar de impedir que denunciase el acoso al que la estaba sometiendo el financiero y, una vez que esa denuncia se produjo, "poner a disposición particular de López Madrid todos los resortes policiales necesarios para desacreditar" a la doctora.
"Se habrían llevado a cabo seguimientos, acceso no autorizado a información de Pinto y se habría manipulado la investigación policial sobre los hechos denunciados a través de funcionarios policiales al servicio de tales espurios intereses particulares, bajo la superior dirección de Villarejo", añade la Fiscalía.
Ésta es, precisamente, la tesis que viene sosteniendo desde hace años la defensora de Pinto, Ana Blanco. Las pruebas aparecidas en el caso Tándem corroborarían que Villarejo y López Madrid "se habrían concertado" -en palabras del fiscal- para actuar contra la dermatóloga.
Hallazgos en Tándem
El escrito presentado por el Ministerio Público hace referencia a que en los domicilios del excomisario y de su número dos, Rafael Redondo, apareció documentación relacionada con la investigación seguida en el Juzgado de Instrucción número 39, "incluyendo documentos relativos al propio procedimiento, notas informativas, artículos de prensa, archivos de audio en los que intervienen Elisa Pinto y terceras personas, así como Javier López Madrid y Rafael Redondo".
Ese último archivo de audio recogía una visita que el empresario y Redondo hicieron a Pinto, presentándose en su consulta para amenazarla y aparentar que la acosadora era ella.
Además, en la agenda de Villarejo se ha encontrado una anotación el día 17 de mayo de 2017: 'Intentar retrasar la rueda en todo caso. Hay que preparar la declaración una vez que me identifique. porque será así'. El excomisario se refería a una diligencia de reconocimiento ordenada por el Juzgado, que finalmente se celebró y en la que Pinto le identificó como el autor del apuñalamiento.
Asimismo, en la casa de Villarejo han aparecido grabaciones hechas por él mismo en las que, en conversaciones con personas de su confianza, aludía a "la médico esa que yo apuñalé" y a que "hablaré con él, con Javierito, pon un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao'...".
Para la Fiscalía, estos elementos "corroboran que la actividad delictiva desarrollada por José Manuel Villlarejo, guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro, no puede ser considerada como ocasional o puramente individual" y que, en este caso, "actuó de común acuerdo" con López Madrid para tratar de hundir a la doctora que iba a denunciar al empresario.