El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del macroproceso Tándem contra José Manuel Villarejo, ha acordado asumir el conocimiento de la causa abierta en Guatemala al empresario Ángel Pérez-Maura, que pagó 7,5 millones al excomisario para librarse de ese procedimiento.

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En abril de 2016, las autoridades guatemaltecas reclamaron a España la extradición de Ángel Pérez-Maura por su relación con el presunto pago de 30 millones de dólares en sobornos al expresidente Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otros funcionarios para asegurarse la adjudicación a la naviera propiedad de los Pérez-Maura -la filial guatemalteca de Grupo Marítimo Terminal de Contenedores de Barcelona- del contrato de construcción y gestión de una nueva terminal de contenedores en la zona de Quetzal.

Pérez-Maura contrató a Villarejo para librarse de ese procedimiento, según los indicios recopilados en la investigación del caso Tándem. El contrato con el empresario fue denominado proyecto Pit por el expolicía y constituye la pieza 4 del macroproceso.

El 31 de mayo de 2018 la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional denegó la entrega de Pérez-Maura a Guatemala por tratarse de un nacional español y poder ser juzgado en España.

En una nueva comisión rogatoria, Guatemala ha pedido a la Audiencia Nacional que asuma la investigación y enjuiciamiento de la causa abierta contra el empresario español por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho.

Con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor García-Castellón ha resuelto "asumir la jurisdicción a los efectos de concluir la fase de instrucción y en su caso ulterior enjuiciamiento contra Ángel Pérez Maura" por el procedimiento guatemalteco, así como su acumulación a la pieza 4 del caso Tándem.

El juez explica en una resolución fechada el pasado martes que la querella presentada contra Pérez-Maura por la Fiscalía Anticorrupción el 6 de mayo de 2019 se refiere a hechos "objetivamente idénticos" a los que se investigan en Guatemala.

García-Castellón recuerda que los convenios internacionales establecen que el Estado en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, "estará obligado, previa solicitud del Estado
parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento".

El instructor tiene previsto desplazarse a Guatemala próximamente para interrogar a implicados en el procedimiento que se encuentran en el país centroamericano, además de practicar otras diligencias de investigación.