"Necesitamos 120.000 euros al mes para gastos de despacho porque vamos a tener que tocar a muchísima gente". Esa manifestación se encuentra en las grabaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo de las reuniones que mantuvo en 2016 con su socio Rafael Redondo y con el empresario Adrián de la Joya, en las que se presuntamente concretaron los honorarios que iban a reclamar a Ángel Pérez-Maura para evitar su extradición a Guatemala en una operación a la que llamaron Proyecto Pit.

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Los investigadores han detectado ingresos por un importe total de 7,5 millones de euros procedentes de Pérez-Maura en dos de las sociedades de José Manuel Villarejo -Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) y Stuart&Mckenzie Spain- "a cambio de la prestación de servicios incompatibles con la función y con la condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo", afirma el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón, en resoluciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Para el instructor, los servicios contratados por Ángel y Álvaro Pérez-Maura tenían un contenido "manifiestamente ilícito" en cuanto que se pretendía "la obstaculización de una orden internacional de detención para extradición" del primero a Guatemala.

En abril de 2016, las autoridades guatemaltecas reclamaron a España la extradición de Ángel Pérez-Maura en relación al presunto pago de 30 millones de dólares en sobornos al expresidente Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti "y a otros funcionarios y autoridades" para asegurarse la adjudicación a la naviera propiedad de los Pérez-Maura (la filial guatemalteca de Grupo Marítimo Terminal de Contenedores de Barcelona) del contrato de construcción y gestión de una nueva terminal de contenedores en la zona de Quetzal.

Los Pérez-Maura contrataron con Villarejo, según el juez, "otros servicios de carácter delictivo que se enmascaran bajo el eufemismo 'la adecuada defensa legal en el sentido más amplio' a desarrollar en Guatemala, en los Estados Unidos y en España". Entre esos trabajos estaba favorecer la posición de Grupo Marítimo TBC en el conflicto surgido con la mercantil APMT, filial de la danesa Maersk, por la compra-venta de la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ).

"Una cantidad de milloncitos"

De acuerdo con las grabaciones de Villarejo y las investigaciones realizadas, la "oportunidad de negocio" surgió el 20 de abril de 2016, cuando el abogado Enrique Maestre Cavanna, amigo personal de Ángel Pérez-Maura y también detenido la pasada semana, ofreció al entonces comisario y al empresario Adrián de la Joya "una cantidad de milloncitos" que Ángel Pérez-Maura pagaría "a cambio de que evitaran su extradición" a Guatemala "a sabiendas de la condición policial de Villarejo y de la capacidad de influencia de éste y de De la Joya en el ámbito de la Audiencia Nacional". Villarejo y De la Joya "van a pachas", se oye en la grabación.

El 26 de abril de 2016 hay una reunión entre Villarejo, su socio Rafael Redondo y De la Joya en la que se concretan unos honorarios cuyos importes coinciden con los fijados en los acuerdos firmados con Pérez-Maura dos días después.

Los investigadores atribuyen a De la Joya "una posición dominante como negociador principal en la fijación de los honorarios a percibir, pero sin aparecer formalmente vinculado de manera directa" al grupo Cenyt, de Villarejo.

En el curso de esas reuniones se concretó cada uno de los conceptos. "Así, narra el juez García-Castellón, "se dice 'la cantidad ciento veinte mil (120.000) euros al mes para gastos de despacho porque vamos a tener que tocar a muchísima gente'".

En otro momento Adrián de la Joya le indica a Villarejo la manera en que va a negociar los honorarios: "... esto no se te va a ir nunca más allá de diez millones al éxito, para que lo sepas. Porque algo de dinero tendremos que ganar nosotros también, porque le vamos a dedicar muchísimo tiempo. ¿Lo tienes claro?.... Entonces dirá: Lo tengo claro. Adelante. Esa conversación la voy a tener así en esos términos".

Destino de los 7,5 millones

Los pagos de los hermanos Pérez-Maura han sido luego contrastados con las cuentas bancarias de Villarejo, Redondo y sus empresas. Los 7. 498.700 euros se distribuyeron, una parte, para "pagos a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el Proyecto Pit". Otra parte, para el mantenimiento del propio entramado empresarial de Villarejo y Redondo (impuestos, nóminas o el alquiler de la oficina en Torre Picasso, etc...).

Una tercera parte de los ingresos fue a parar a otras cuentas de las mismas sociedades y a otras sociedades vinculadas o cuyo titular real es Villarejo, para finalmente ser transferidos a cuentas de terceros, realizándose "una serie de movimientos innecesarios que dificultan el seguimiento del flujo real de los fondos".

Un cuarto destino de los fondos entregados por los Pérez-Maura "e ilícitamente obtenidos, al ser retribución del delito de cohecho" fue la realización de operaciones financieras "en unas claras operativas de blanqueo de capitales". Se compraron acciones del Banco Popular y participaciones en Montefuji S.L., además de pagos a un concesionario de vehículos.

En la madrugada del pasado sábado, el instructor decretó la libertad bajo fianza de 750.000 euros para Ángel Pérez-Maura, de 500.000 para su hermano Álvaro y para el empresario Adrián de la Joya, y de 200.000 euros para los otros dos implicados: Francisco Javier Soucheiron, exconsejero delegado de Grupo Marítimo Terminal de Contenedores de Barcelona, y el abogado Enrique Maestre.