La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña ha presentado este lunes una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Los dos primeros, de Junts per Catalunya y la último, de ERC.
La querella, autorizada por la fiscal general, Dolores Delgado, se interpone 13 meses después de que el Tribunal Constitucional dedujera testimonio contra Torrent al apreciar indicios de un presunto delito de desobediencia a sus resoluciones.
Este delito, castigado con penas de inhabilitación y multa, es el que apartó de la política al expresidente Artur Mas y a exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont y a exmiembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell, juzgados en la causa del 'procés'.
La petición del TC de que se actuara contra Torrent, y que ahora ha dado lugar a la querella de la Fiscalía, fue instada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El 31 de octubre de 2019 el Gobierno socialista anunció que llevaría al TC el acuerdo que la Mesa del Parlament -presidida por Torrent- tomó el 22 de octubre admitiendo a trámite la Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre.
Esa propuesta incluía dos incisos que al Gobierno le parecieron "un acto frontal de desacato" al TC. De un lado, se recogía "la voluntad de reiterar tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". De otro, se expresaba la "voluntad de reiterar tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas (...) la reprobación de la Monarquía".
El Gobierno indicaba en sus escritos al TC que la Mesa del Parlament "tenía la obligación de inadmitir a trámite" esa propuesta de resolución, y ello porque el primer inciso contravenía dos sentencias (la 259/2015 y la 136/23018) en las que el Constitucional ha dejado claro que el pueblo catalán no es titular de soberanía, que reside en el pueblo español. El segundo inciso, por su parte, insistía en la reprobación de la Monarquía, algo que el TC acababa de declarar contrario a la Constitución en una sentencia, la 98/2019, aprobada por unanimidad el 17 de julio anterior.
La querella ahora dirigida el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña destaca que los letrados del Parlament advirtieron a Torrent y al resto de los miembros de la Mesa del Parlament del deber de inadmitir la propuesta de resolución.
Los querellados, sin embargo, no sólo desoyeron a los letrados sino que también se negaron a aceptar hasta tres solicitudes de reconsideración formuladas por PSC, Ciudadanos y PP.
Dos providencias del TC dictadas el 10 y el 16 de octubre, sólo unos días antes de admitir a trámite la propuesta de resolución, dirigían de forma nominal a Torrent y al resto de los integrantes de la Mesa un requerimiento expreso de "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a las resoluciones anuladas por el Constitucuional, "así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" las sentencias 259/2015, 136/2018 y 98/2019.