Once vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido este lunes al presidente de la institución, Carlos Lesmes, la convocatoria de un pleno extraordinario o, en su caso, la inclusión en la reunión prevista para el próximo jueves de un nuevo punto en el orden del día, referido a la reforma para limitar las competencias del CGPJ en prórroga de mandato.
Los vocales han presentado sendas peticiones a Lesmes tras tener conocimiento de que el Pleno del Congreso tiene previsto este martes tomar en consideración esa reforma, presentada el pasado día 2 por los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos.
El principal objetivo de la reforma es que el CGPJ en prórroga no haga nombramientos discrecionales ni de altos cargos judiciales (presidentes de Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional ni presidentes de Sala, magistrados o vicepresidente del Tribunal Supremo) ni de su propio organigrama (directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo o jefe de la Inspección).
De paso, la proposición de ley se lleva por delante otras competencias que el Consejo no podrá ejercer cuando esté en funciones, como el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden o la elaboración de la Memoria anual de funcionamiento de la Administración de Justicia y del propio CGPJ.
Los vocales Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona piden en su escrito "el examen de la reforma" por el pleno del órgano de gobierno de los jueces.
Por su parte, los vocales José María Macías, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea y Rafael Fernández Valverde -los dos últimos, magistrados del Tribunal Supremo- señalan en su escrito que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que las Cortes puedan solicitar informe del Consejo en el caso de proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.
A su parecer, además de esa posibilidad establecida en el Derecho interno, el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE "impone" que, cuando la proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno de la Judicatura, "debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ y también a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa)".
La propuesta planteada a Lesmes destaca que la necesidad de que el Parlamento oiga tanto al CGPJ como a la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa en materia de Derecho Constitucional, integrado por expertos independientes), tal como ha recordado dos veces a España el portavoz de Justicia de la Comisión Europea el 15 de octubre y el pasado día 4.
Los vocales recuerdan que el 30 de octubre el CGPJ ya expresó su preocupación ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el contenido de la nueva proposición de ley y anunció que permanecería expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas.
"Ante la posibilidad de que la iniciativa legislativa fuera tomada en consideración por el Congreso de los Diputados, con su consiguiente tramitación parlamentaria", los vocales piden que se debata en un próximo pleno la procedencia de pedir al Congreso de los Diputados que recabe el informe del CGPJ y de la Comisión de Venecia en relación con la reforma que persigue limitar sus competencias cuando esté en prórroga.
La APM pide la retirada
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha reiterado este lunes su llamamiento a retirar definitivamente la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos, denunciando que se trata de "una invasión de competencias" que revela, por un lado, un "desprecio" por la separación de poderes y, por otro, la "incapacidad" de los políticos para renovar el CGPJ.
"La reforma pretendida se aparta del espíritu constitucional, evidencia una invasión de competencias reveladora del desprecio por el principio democrático de división de poderes y supone trasladar al CGPJ la disfunción provocada por la incapacidad de las propias formaciones políticas para renovar la institución, disfunción que no existiría si los vocales de origen judicial fueran elegidos por los propios jueces", sostiene la Comisión Permanente de la APM en un comunicado.
La asociación judicial ha recordado, "aunque produzca sonrojo por tratarse de cuestiones básicas", que el Estado de Derecho se fundamenta en los principios de sujeción de todos a la Constitución y las leyes, y de separación de poderes. El CGPJ, ha enfatizado, se crea precisamente para "asegurar el principio de separación de poderes y salvaguardar la independencia judicial, como fundamento de nuestra democracia y garantía de los derechos y libertades fundamentales".
"De ahí que la Constitución señale expresamente las competencias del CGPJ -con expresa referencia a la materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario- y trate de desvincular su mandato del concreto debate y curso político, fijando un período de cinco años, distinto del previsto para las Cortes Generales", ha explicado.
En este sentido, destaca que, "al contrario de lo que sucede con las Cortes Generales y con el Gobierno, la Constitución no contempla que el CGPJ quede en funciones ni que vea limitadas sus competencias transcurrido el plazo del mandato, precisamente porque esas competencias son ajenas al devenir político".
La asociación judicial mayoritaria denuncia que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos tiene como único objetivo impedir que el CGPJ efectúe nombramientos, lo cual no solo "implica privar a un órgano constitucional de una competencia que le atribuye la propia Norma Fundamental sin limitación", sino que "afecta gravemente al valor Justicia en el doble sentido de mermar su credibilidad al avivar sospechas de politización y de perturbar su normal funcionamiento al no cubrir las plazas".
La APM ha señalado asimismo que la proposición de ley "obvia las advertencias de la Comisión Europea sobre la necesidad de que, antes de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, lleve a cabo las 'consultas necesarias' con 'todos los actores relevantes', incluidas la propia Comisión Europea y la Comisión de Venecia" del Consejo de Europa.
Por ello, ha reclamado una vez más la retirada de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos y ha urgido a las Cortes Generales a "cumplir su obligación constitucional de iniciar los trámites para la renovación del CGPJ".