"¿A usted no le han echado todavía?". Con esa agresividad, acompañada de improperios e insultos, recibió el viernes al fiscal Ignacio Stampa el excomisario José Manuel Villarejo cuando iba a practicarse un registro en su celda de la prisión de Estremera, en el marco de la nueva pieza incoada en el caso Tándem.

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La pieza, que hace la número 28 del macroproceso, se ha abierto por presuntos delitos de organización criminal, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.

Se investiga una presunta trama urdida desde la cárcel por el expolicía para obtener dinero a cambio de la venta de información de alto voltaje que mantiene en su poder y de la que se apropió aprovechando su condición de funcionario. Pero los investigadores han descubierto que otro de los objetivos de Villarejo era desestabilizar a los fiscales anticorrupción, especialmente a Stampa, para lograr su expulsión del caso.

Según fuentes de la investigación, el excomisario habría conservado bajo su dominio o bajo el control de sus allegados información sobre investigaciones relevantes, incluidos documentos clasificados. Entre esa información hay datos relativos al rey emérito y a la llamada operación Cataluña, una investigación policial relacionada con el movimiento independentista catalán.

En la celda de Villarejo, registrada dentro del operativo desarrollado el viernes por agentes de Asuntos Internos bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, se encontraron documentos que, según los investigadores, debían estar en los correspondientes archivos policiales y no en manos de Villarejo.

Presuntos colaboradores

Las fuentes consultadas señalaron que Villarejo ha montado desde la prisión una red de colaboradores que usaría para "ofertar y vender el material" a posibles interesados: políticos, abogados, empresarios, periodistas.

Han sido detenidos como implicados en esa trama la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, dos presos que estuvieron en la cárcel de Estremera y cuya confianza se ganó Villarejo, y la esposa de uno de ellos.

Los presos, dos exfuncionarios que estaban en el mismo módulo que Villarejo, son Alfonso Pazos, de 57 años, y Javier Ruiz Cubero, de 53. En el momento de sus detenciones se encontraban en la prisión de Logroño el primero y en Alicante el segundo.

Sobre Pazos, que también es abogado, pesa una condena a ocho años y medio de cárcel por presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental y obstrucción a la Justicia.

Pazos se encuentra en segundo grado penitenciario y ha cumplido más de la mitad de la condena. Por ello disfruta de permisos penitenciarios que, según los investigadores, habría aprovechado para vender la información de Villarejo siguiendo las consignas de éste.

Cuando Pazos está entre rejas sería su esposa la que lleva a cabo esa función, todo ello supuestamente a cambio de dinero.

Ruiz Cubero llegó a la prisión de Estremera en marzo de 2017, ocho meses antes que Villarejo, y estuvo en ese centro penitenciario hasta el pasado enero, cuando fue clasificado en tercer grado y trasladado a la cárcel de Alicante, en la que pernoctaba hasta ahora. El resto del tiempo era controlado a través de una pulsera telemática.

Este exfuncionario cumple una condena de seis años y nueve meses por delitos de robo y robo con violencia. Tiene tres condenas anteriores también por robos violentos.

"Desesperados" por el dinero

Desde la incoación de la pieza 28, que permanece secreta, los investigadores han detectado que Villarejo y sus colaboradores "estaban desesperados por sacar dinero" mediante la venta del material que almacena el expolicía.

Esta percepción no es nueva en el caso Tándem. De hecho, el nombre de la esposa de Villarejo ha aparecido en otras piezas del procedimiento judicial en relación con la presunta comercialización de la información en poder del antiguo comisario.

El 14 de noviembre de 2019, Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, declaró ante el juez García-Castellón que el mes de febrero anterior dos periodistas, cuya identidad no aportó justificando que había sido informado de ello bajo estricta confidencialidad, le habían "advertido de que Alejandro Suárez, propietario del digital moncloa.com, tenía en su poder documentos y grabaciones que le habían sido vendidos por Gemma Alcalá, esposa de José Manuel Villarejo, y que podría evitar la publicación si pagaba un millón de euros".

"En enero o febrero", relató, "me ofrecieron comprar un material generado por Villarejo que me afecta, pero como quiera que no acepté dicho ofrecimiento no puedo saber si es lo mismo que se está publicando ahora. El vínculo que sí conozco es que el material que me ofrecieron era ofertado por Alejandro Suárez, quien hizo llegar a mi entorno que el declarante podría comprarlo, estando motivado el precio al parecer porque necesitaba dinero la mujer de Villarejo".

"Con eso me los cargo"

En la nueva pieza se han realizado escuchas telefónicas que han permitido descubrir que uno de los propósitos del plan delictivo tramado por Villarejo sería desarticular a los fiscales anticorrupción encargados del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, hasta lograr, precisamente que sean expulsados del asunto por sus superiores.

Los investigadores han detectado contactos entre Pazos, enviado de Villarejo, y la comunicadora canaria María Montero, autora de denuncias presentadas en la Fiscalía contra Stampa atribuyéndole una relación íntima con la abogada de Podemos Marta Flor Núñez. La relación se ha revelado falsa y todas las denuncias y recursos de Montero han sido archivados por la Fiscalía General.

Fuentes de la investigación señalan que Pazos recibió instrucciones de Villarejo para hacer llegar a Montero información policial confidencial que, según cree el excomisario, podría estar entre los archivos informáticos intervenidos en su vivienda cuando fue detenido, en noviembre de 2017.

De esta forma, la difusión de esa información por Montero sería achacada a una filtración procedente de los fiscales anticorrupción. "Con esto me los cargo", se oye decir en las conversaciones entre Montero y Pazos, en las que se habla de "dar jaque mate" a Stampa logrando su imputación por revelación de secretos.

El instructor del caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha requerido este sábado a Montero para que se abstenga de publicar la información que pueda haber obtenido y la entregue al Juzgado.

Todos los detenidos han sido trasladados a dependencias policiales en Madrid y está previsto que el lunes pasen a disposición judicial.