El Tribunal Constitucional ha acordado este martes que el presidente, Juan José González Rivas, envíe al ministro del Interior un escrito de queja por haber omitido toda comunicación al TC de la detención del exmagistrado Fernando Valdés el pasado 10 de agosto.

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El asunto ha sido abordado a propuesta de Cándido Conde-Pumpido al principio de la reunión que el pleno del Constitucional ha celebrado esta mañana.

Conde-Pumpido sostuvo que Interior debió informar al TC del arresto de Valdés sobre la base de una aplicación supletoria de los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativos a la detención de jueces y magistrados.

La LOPJ establece que "de toda detención [de un juez o magistrado] se dará cuenta, por el medio mas rápido, al presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa" el detenido.

Esta previsión fue incumplida en el caso de Fernando Valdés, arrestado por la Guardia Civil por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar por el que dimitió como miembro del Constitucional el pasado día 14. La detención de Valdés trascendió a la prensa antes de ser conocida por el tribunal.

La LOPJ señala, asimismo, que los jueces y magistrados en servicio activo sólo podrán ser detenidos por orden de juez competente o en caso de flagrante delito. En este último caso "se entregará inmediatamente el detenido al juez de Instrucción más próximo".

Ocultó su condición

Valdés no fue detenido por un delito flagrante sino tras las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre una discusión que mantuvo con su esposa y que motivó que ésta saliera a la terraza de la vivienda familiar pidiendo socorro.

Lo que sucede es que Fernando Valdés informó a los agentes que era profesor de Universidad y ocultó su condición de magistrado del TC, por lo que la Guardia Civil procedió a su detención sin saber que se trataba de un cargo aforado ante el Supremo y que no podía ser privado de libertad sin la autorización de este alto tribunal.

Según se hace constar en el atestado de la Guardia Civil, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, los agentes no supieron que podía tratarse de un magistrado del Tribunal Constitucional hasta la madrugada del 11 de agosto y en ese momento informaron a la jueza de guardia de Majadahonda (Madrid).

El atestado explica que, debido a su precario estado de salud, Valdés no fue conducido a los calabozos tras su detención sino que fue trasladado al hospital en una ambulancia escoltada por los agentes.

"A las 2.00 los agentes que custodian al detenido comunican al agente que suscribe [el atestado] que el detenido ha sido dado de alta, para que se proceda a su traslado a los calabozos. El agente que suscribe se persona en el hospital para entrevistarse con el detenido [...] y observa que su estado de salud es delicado [...]".

El guardia civil decidió entonces reunirse con el personal médico "para valorar la posibilidad de que el detenido se quedara ingresado debido a su estado de salud". 

"Finalmente el persponal médico decide dejarlo ingresado", añade.

"A las 04:30 aprox. el agente que suscribe decide preguntar a Fernando si es magistrado del Tribunal Constitucional, ya que su nombre le resulta conocido por los medios de comunicación, hecho que en un primer momento niega diciendo que es profesor, pero posteriormente a solas le comunica al agente que verdaderamente sí que es magistrado del TC desde 2012. Posteriormente se comunica tal extremo al juez de guardia", indica el atestado.

Fuentes del TC señalan que, cuando se verificó la condición de miembro del tribunal de Fernando Valdés, las autoridades de Interior debieron informar inmediatamente a González Rivas, lo que no se hizo. Fue el presidente del Constitucional el que tuvo que hacer gestiones para confirmar que Valdés se encontraba detenido.

Tras el arresto, el tribunal hizo público un comunicado pidiendo respeto a la presunción de inocencia de Valdés, sin reclamarle la dimisión. Pero, una vez que el Tribunal Supremo apreció motivos para juzgarle, su presencia en el TC se hizo insostenible.

Fernando Valdés ha negado siempre que el incidente ocurrido el 10 de agosto sobrepasase los límites de una mera discusión conyugal, defiende firmemente su inocencia y considera una injusticia haber tenido que dejar el tribunal.

Pero la evolución de los acontecimientos no dejó margen: al atestado de la Guardia Civil siguió la exposición razonada de la jueza de violencia de género que examinó inicialmente los hechos, luego la Fiscalía vio motivos para abrir una causa en el Supremo y el pasado 7 de octubre el instructor del alto tribunal consideró que hay base para llevarle a juicio.

Al haber perdido el fuero tras su salida del TC, el proceso contra Valdés continuará en un Juzgado de Majadahonda.