La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este jueves posponer a una próxima reunión la respuesta al escrito en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón le comunicaba la puesta en marcha de una "campaña" para desprestigiarle y amenazarle.

García-Castellón, instructor del caso Tándem, se dirigió el pasado día 9 al órgano de gobierno de los jueces para informarle de que, tras elevar el Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos que aprecia en la conducta del dirigente de Unidas Podemos Pablo Iglesias, "se ha puesto en marcha una campaña pública en medios de comunicación y redes sociales exclusivamente encaminada a desprestigiarme personal y profesionalmente".

El juez indicaba que "desde algunos ámbitos y a través de las redes sociales y otros medios de comunicación" se está difundiendo que la exposición contra Iglesias es "el resultado de una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una determinada organización política", en referencia a Podemos, cuyos dirigentes "amplifican" el ataque colocándole "en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".

García-Castellón añadía que esa "premeditada" campaña se ha materializado en "amenazas directas contra mi integridad física e intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal vertidas en redes sociales y dirigidas a constreñir de una forma grave e intolerable en un Estado de Derecho el ejercicio de la actividad profesional, y como ejemplo vivo de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas en un determinado sentido".

El magistrado se refiere a mensajes aparecidos en redes sociales en los que se afirmaba que "hablar de agredir a un cabrón de juez García Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución" o "yo creo que el juez García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto".

"En 42 años de ejercicio profesional, y habiendo tratado asuntos de diversa

naturaleza, este magistrado no se ha visto nunca sometido a una campaña de

difamación personal y profesional de esta dimensión y a este nivel", concluía García-Castellón, que daba cuenta al CGPJ "a los efectos que considere oportunos".

Fuentes el Consejo han señalado que, puesto que el propio magistrado afirma en su escrito que ha denunciado los hechos a las Fuerzas de Seguridad, lo procedente es esperar a conocer el resultado de la investigación policial.

Explicaron que es preciso saber si se trata de un ataque a un juez en redes sociales "como los que se han producido y se producen contra muchos otros miembros del Poder Judicial a propósito de determinadas decisiones que generan controversia" o de una "campaña orquestada" porque, en este segundo caso, la reacción debería ser contundente.

Para ello, añaden, hay que aguardar al resultado de las pesquisas policiales y que se determine si detrás de los mensajes contra García-Castellón hay una organización -política o de otro ámbito- o simplemente se deben a individuos particulares más o menos exaltados.

Noticias relacionadas