La fiscal general, Dolores Delgado, se ha abstenido de intervenir en el informe que la Fiscalía debe enviar al Tribunal Supremo sobre la apertura o no de una causa penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contra quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado una exposición razonada.
Delgado, ex ministra de Justicia hasta pocos días antes de ser designada fiscal general, ha actuado aquí de la misma forma en que lo hizo cuando la Sala Penal pidió al Ministerio Público su criterio sobre las querellas interpuestas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia de la Covid-19: ha encargado el dictamen al número uno de la carrera, el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas.
Fuentes de la Fiscalía han señalado que Navajas no quiere volver a ser objeto de una "campaña" interna sobre cuál debe ser el sentido del informe sobre Iglesias y ha entregado la exposición razonada a la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcárcel para que, a su vez, consulte con otros fiscales de Sala de lo Penal.
Paralelamente, Navajas ha solicitado al fiscal jefe anticorrupción, Alejando Luzón, un informe sobre el escrito de García-Castellón, que éste elevó al Supremo sin recabar el previo dictamen de los fiscales que desde 2017 se encargan del caso Tándem. En este procedimiento se investigan múltiples actividades de corrupción que se atribuyen al excomisario José Manuel Villarejo.
Las imputaciones que García-Castellón hace contra Pablo Iglesias surgen en la pieza Dina, integrada en el caso Tándem. La pieza se abrió en marzo de 2019 para investigar la difusión en varios medios digitales de la información almacenada en el teléfono móvil de Dina Bousselham, antigua asesora del líder de Podemos, que denunció el robo del dispositivo en noviembre de 2015.
García-Castellón ve indicios de delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito. Según el instructor del caso Tándem, Iglesias se personó como perjudicado en la pieza Dina con el fin de usar "fraudulentamente" el proceso para obtener ventajas electorales.
Según el juez, el vicepresidente segundo del Gobierno atribuyó a Villarejo la filtración a la prensa de mensajes almacenados en el móvil de Dina pese a que "sabía de antemano" que su asesora era "el origen de la filtración", ya que había hecho pantallazos de esos mensajes y los había reenviado a terceras personas. Esos mensajes, difundidos por OKdiario y luego por otros medios a partir de julio de 2016, dejaban en mal lugar a Pablo Iglesias, dibujando la imagen de un machista al que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".
Además, Iglesias retuvo en su poder durante meses una copia de la tarjeta de memoria del móvil de Bousselham que le fue entregada en enero de 2016 por el presidente del grupo editorial Zeta, Antonio Asensio, y se la habría devuelto dañada a Dina.
Objeciones
Anticorrupción fue la primera que señaló, en un escrito dirigido a García-Castellón el 21 de mayo, que Iglesias debía perder la condición de perjudicado tras descubrirse que Bousselham había ocultado inicialmente al juez que ella reenvió los mensajes luego publicados.
Los fiscales argumentaron que "si bien no puede descartarse la participación de Villarejo en la difusión, al contener las carpetas halladas en su domicilio esas mismas capturas de pantalla, la fuente del medio digital pudo ser otra, u otras, una vez enviadas voluntariamente esas capturas de pantalla por su autora".
No obstante, los fiscales ya señalaban la dificultad jurídica de atribuir a Iglesias delitos de revelación de secretos (por haber accedido al contenido de la tarjeta) y de daños, al menos en su modalidad imprudente, porque ambos exigen la denuncia de la persona agraviada, Dina Bousselham, y ésta nunca ha querido acusar al líder de Podemos.
La falta de ese requisito previo -la denuncia de la perjudicada- para poder proceder contra Iglesias sigue existiendo en la exposición que ha elevado García-Castellón y puede lastrar su viabilidad.
El juez rechazó la petic¡ón formulada hace más de cuatro meses por los fiscales de que citara a Dina con el fin de que precisara si quiere actuar contra Iglesias. El instructor señala en la exposición razonada que debe ser el Supremo el que pregunte a Bousselham si "exculpa" al vicepresidente segundo del Gobierno, pero ello contraría la doctrina del alto tribunal sobre la necesidad de que los jueces que hallen indicios contra aforados eleven al Supremo exposiciones razonadas completas en cuanto a indicios, elementos probatorios y requisitos de procedibilidad.