La jueza Belén Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, se pronunciará en las próximas semanas sobre la apertura de una pieza separada para determinar la existencia de una presunta denegación de auxilio por parte del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Este órgano, que dirige el juez Manuel García-Castellón, lleva más de un año sin remitirle las resoluciones del caso Lezo que necesita para investigar una denuncia presentada por Juan Manuel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir.

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El 7 de junio de 2019 Villar Mir denunció al letrado de la Administración de Justicia Adrián Gómez Linacero, hasta poco antes destinado en el Juzgado Central de Instrucción número 6, por presuntos delitos de falsedad documental y por impedir el ejercicio de los derechos reconocidos en las leyes.

Gómez Linacero dictó varias resoluciones en las que negó de forma reiterada al empresario el acceso a un auto por el que García-Castellón acordó el 22 de diciembre de 2017 que Villar Mir y otros directivos de OHL se sometieran a una toma de huellas dactilares para ver si se correspondían con las que aparecían en un documento del caso Lezo. Se trataba de un papel con el número de la cuenta suiza de Adrián de la Joya donde había que transferir una supuesta comisión de 1,4 millones.

Pese a que la causa no estaba secreta y a que el propio García-Castellón ordenaba en el auto que éste se notificara a los investigados, Linacero expidió las citaciones entregando sólo la parte dispositiva, no los hechos ni la motivación de la decisión.

"Era indubitable que el auto debía ser íntegramente notificado", sostiene la denuncia contra el letrado de Justicia, en la que se relata que, tras recibir la citación, la defensa pidió al Juzgado que se le entregara la resolución de García-Castellón, sin recibir respuesta.

Ante ello, instó la suspensión de la toma de las huellas hasta que se le notificara el auto, "incidiendo en la evidente indefensión e inseguridad jurídica generada".

Gómez Linacero dictó entonces una diligencia de ordenación en la que desestimaba la petición afirmando que el auto tenía carácter reservado y secreto. "Resulta evidente y manifiesto del propio contenido del auto -al que la defensa accedió meses después- que dicha afirmación era contraria a la realidad y, consecuentemente, impedía ejercer a Villar Mir los derechos que le asistían con relación a la práctica de esa diligencia de investigación".

La defensa volvió a insistir en la petición del auto y Gómez Linacero denegó de nuevo su entrega en una diligencia en la que afirmó que “siendo competencia de este LAJ lo relativo a la notificación de las resoluciones procesales, no ha lugar a notificar dicha resolución, por ser secreta, ni a suspender la diligencia, estando obligado el investigado a acudir a la misma”.

Según la denuncia, Gómez Linacero "realizó actos obstativos de la notificación del auto de 22 de diciembre de 2017 bajo argumentos inveraces, impidiendo a Villar Mir el conocimiento y ejercicio de sus derechos constitucionalmente consagrados, que además, se encontraban explícitamente reconocidos en el auto judicial".

El empresario, añade, "se vio obligado a someterse a la diligencia so pena de incurrir en responsabilidades por su carácter 'obligatorio', cuando tal no era el tenor del auto" que dictó García-Castellón. El resultado de la diligencia fue negativo, concluyéndose que las huellas que aparecían en el documento del caso Lezo no pertenecían al fundador de OHL.

Cuatro exhortos

Diez días después de recibir la denuncia, la titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, Belén Sánchez, envió un exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 6 para que le remitiera las resoluciones mencionadas en la queja y la certificación de cuándo se notificaron a Villar Mir.

El exhorto tuvo que se reiterado otras dos veces, el 21 de octubre de 2019 y el pasado 16 de febrero, a la vista de las omisiones e inexactitudes del Juzgado Central en la cumplimentación de la petición del Juzgado de Instrucción 52.

El pasado mayo se recibió una nueva respuesta del Juzgado Central en la que, en vez de enviar las diligencias de ordenación solicitadas, ha remitido otras y tampoco adjunta el testimonio de las notificaciones realizadas al denunciante.

La defensa del empresario ha dirigido a la instructora un escrito en el que expone su preocupación por "el devenir del procedimiento", al haber transcurrido más de un año desde su iniciación "sin que se haya cumplimentado ni una sola diligencia de investigación".

Solicita, por ello, que se envíe al Juzgado de García-Castellón un nuevo exhorto -el cuarto ya-, que se cite a declarar a Gómez Linacero y que la instructora tome medidas ante "la situación de bloqueo en que se encuentra la causa y la evidente falta de colaboración en el auxilio judicial".

A su parecer, los errores en la cumplimentación de los reiterados exhortos no son "meramente involuntarios" y podrían constituir un delito de denegación de auxilio a la Justicia.

Por ello, solicita a la magistrada que abra una pieza separada para "practicar las correspondientes diligencias de investigación para la averiguación y comprobación de las circunstancias y demás elementos concurrentes en la falta de cumplimiento" de los exhortos.

La jueza ha acordado dirigirse de nuevo al Juzgado Central de Instrucción número 6 para que "con carácter de urgencia" remita las resoluciones objeto de la denuncia y, sin rechazar las otras dos peticiones, señala que "respecto del resto de diligencias interesadas en su momento se acordara lo procedente".