El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ve motivos para que el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, se siente en el banquillo para ser juzgado por presuntos delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos debido a la contratación del comisario José Manuel Villarejo para espiar a un exsocio y a su abogado.
Se trata de la pieza 6 del caso Tàndem, llamada Pintor, la tercera cuya instrucción concluye. Ahora se abre un plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y las víctimas del espionaje presenten escritos de acusación, tras cual, previsiblemente, se abrirá el juicio oral.
La pieza Pintor se inició el 27 de julio de 2017 después de que la Policía encontrara en el domicilio de Villarejo una carpeta denominada AR. El instructor considera que, además del comisario, su hijo y su socio Rafael Redondo, deben ser juzgados los hermanos Juan y Fernando Muñoz y otras nueve personas por hechos que tienen su origen en una reclamación que la Agencia Tributaria dirigió de forma solidaria contra Fernando Muñoz y su socio Mateo Martín Navarro.
Este último, asesorado por su letrado, el exjuez Javier Urquía, se declaró insolvente pese a tener, según creían los hermanos Muñoz, un cuantioso patrimonio oculto.
La declaración de insolvencia suponía que toda la reclamación, más de un millón y medio de euros, se dirigiría exclusivamente contra Fernando Muñoz. Después de que fracasaran las acciones legales intentadas frente Mateo Martín, el marido de Ana Rosa propuso contratar a Villarejo.
"En efectivo y sin dejar rastro"
A cambio de 20.000 euros que los Muñoz abonaron "en efectivo y sin dejar rastro" -afirma el instructor- Villarejo facilitó a los hermanos Muñoz "información sensible y de acceso restringido" de Mateo Martín y su letrado, incluidos videos de carácter sexual.
La finalidad de la investigación era localizar activos patrimoniales cuyo titular real fuera Martín, pero también obtener "debilidades" de empresario y su abogado para que "aceptaran unas condiciones o acuerdos económicos favorables para los hermanos Muñoz", señala García-Castellón.
La información proporcionada por Villarejo fue conocida por los abogados de los Muñoz, José Luis García González y Ricardo Álvarez-Ossorio, también imputados.
Esa misma condición procesal se atribuye al expolicía Antonio Bonilla, que utilizó los datos sobre Mateo Martín Navarro y Francisco Javier de Urquía que constaban en bases policiales.
También se subcontrató a a detective privado Nuria Morales, que con la colaboración de otras cuatro personas, facilitó información reservada de los víctimas de la operación Pintor.