El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este viernes a los miembros del Consejo General del Poder Judicial que este órgano será oído en la reforma de los delitos de sedición y rebelión, de forma que tanto esta institución como el Consejo de Estado podrán informar el anteproyecto.
Campo, que ha recordado que en su época de vocal (2001-2008) él mismo se quejó de que el Gobierno -entonces del PP- soslayara el dictamen del CGPJ articulando las reformas a través de proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios afines, ha contestado de esta forma al consejero José María Macías, a quien ha indicado que las modificaciones del Código Penal se harán a través de anteproyectos. Además del cambio de tipificación de los delitos de sedición y rebelión, es inminente la presentación de una reforma de los delitos contra la libertad sexual.
El nuevo responsable de Justicia se ha reunido esta mañana, a petición suya, con el órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde diciembre de 2018.
Campo ha enfatizado su deseo de llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas para evitar el "desgaste y el desprestigio" de las instituciones pendientes de renovación, entre ellas, además del CGPJ, el Tribunal Constitucional.
Se ha mostrado abierto a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial pero manteniendo la intervención del Congreso y del Senado y "con calma", esto es, después de la renovación que está ahora pendiente.
Justicia 2030
El principal interés del ministro en reunirse con el CGPJ era presentar las líneas generales de Justicia 2030, el programa con el que su Departamento pretende introducir cambios profundos en la Administración de Justicia a lo largo de los próximos diez años, desde la implantación de los tribunales de instancia hasta la transformación digital, pasando por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Campo, que se ha comprometido a tener elaborado ese programa en tres meses, lo ha presentado ya en el Congreso de los Diputados, el Consejo General de la Abogacía, las asociaciones de jueces y fiscales, las de los Letrados de la Administración de Justicia, el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores y el Consejo General de Procuradores de España. Paralelamente, se está reuniendo con los consejeros de Justicia de todas las comunidades autónomas con el mismo objetivo.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le ha preguntado si la reorganización de la planta judicial sobre la base de los tribunales de instancia, que tendrán su sede en las capitales de provincia, no contribuirá a la España vacía que, desde otros ángulos, el Gobierno quiere contrarrestar.
Campo, sin embargo, ha insistido en la necesidad de superar la actual concepción de la planta basada en los partidos judiciales no sólo por razones de eficacia en la impartición de Justicia sino también desde el punto de vista de una adecuada administración de los recursos personales y materiales y de la optimización del presupuesto disponible.