La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se ha mostrado este miércoles "absolutamente convencida" de que los fiscales deben asumir la investigación de los delitos reemplazando a los jueces de instrucción.

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Ortega, que ha intervenido en el Foro Justicia organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, ha mostrado así su respaldo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal anunciada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también presente en el acto. Campo ha comprometido para antes de fin de año el anteproyecto de la nueva ley procesal penal.

La presidenta de la Abogacía añadió, no obstante, que junto a esa reforma "es necesaria una autonomía del Ministerio Fiscal más acentuada".

El decano de la Abogacía madrileña, José María Alonso, también expresó su apoyo a la reforma. "Tenemos un sistema [de investigación penal] anacrónico, que no existe en ningún país del mundo", ha dicho. "Ahora uno tiene la sensación de que hay que defenderse de dos acusadores, el fiscal y el instructor. Y eso es malísimo para los abogados y para los ciudadanos. El juez tiene que ser un juez de garantías".

Acceso

Victoria Ortega anunció que el Consejo está estudiando una modificación del examen de acceso a la Abogacía.

Explicó, en este sentido, que "lo que no puede ser es que el máster de acceso sea una reproducción de lo que es el grado. El examen no está para la comprobación de conocimientos que ya se tienen, sino para que el tribunal pueda percibir las habilidades propias del ejercicio de la profesión".

"Queremos llevar el examen a una forma que acredite esas habilidades, dijo Ortega, que mencionó la posibilidad de que el aspirante tenga que desarrollar cómo enfocaría la defensa de un caso práctico y luego sea interrogado por el tribunal.

Ortega pidió a las fuerzas políticas un pacto de estado de Justicia "que recoja reformas integrales y estructurales" y la aprobación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que asegure la igualdad de armas.

También reclamó la aprobación del nuevo Estatuto de la Abogacía, pendiente desde 2013. Aseguró que la colegiación obligatoria "no es contraria a la libre competencia" sino que garantiza el desarrollo profesional con sujeción a unas normas deontológicas.

Cataluña

Por su parte, el decano de Madrid respondió a una pregunta sobre Cataluña que la Abogacía "puede jugar sin duda un papel en la crisis".

Alonso señaló que "las pretensiones de los grupos catalanes que están negociando con el Gobierno, como la autodeterminación, no tienen encaje en la Constitución y veo escaso el margen del Gobierno para poder ceder en eso".

A sus parecer, "el problema catalán, que es el más grave que tiene planteado España, tiene que se abordado desde la sociedad civil para recomponer puentes, crear lazos de amistad, convencer y ser convencido de que Cataluña, con el resto de España, somos más potentes que por separado y la Abogacía puede jugar un papel importante como ocurrió en la Transición".