La intendente Teresa Laplana, responsable de la Comisaria de L'Exaimple, una de las más importantes de Cataluña, ha sostenido este miércoles durante el juicio al exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero que su papel el 20 de septiembre de 2017 fue ser "un elemento de información cualificada para poder interlocutar" y que se limitó a seguir las instrucciones que le iban dando sus superiores, sin tener capacidad de decisión.

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Laplana se enfrenta a una petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de cuatro años de cárcel por un presunto delito de sedición por haber "cooperado de forma decisiva, consciente e intencionada" al cerco puesto a la Consejería de Economía por un numeroso grupo de independentistas convocados por Asamblea Nacional Nacional (ANC) y Òmnium Cultural, las organizaciones soberanistas presididas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, hoy en la cárcel tras su condena por el 'procés'.

La concentración, que llegó a reunir a 40.000 personas, se desarrolló durante todo el 20S después de que trascendiera que la Guardia Civil y la letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona estaban registrando desde las 8 de la mañana el Departamento de Oriol Junqueras en el marco de una investigación sobre los preparativos del referéndum ilegal anunciado por el Govern de Puigdemont.

La Fiscalía sostiene que Laplana "impidió" el desarrollo de la actuación judicial, que no pudo realizarse conforme establece la ley, "propiciando" con su pasividad que la comisión judicial estuviera retenida hasta la madrugada y sometida a la "hostilidad" de los concentrados.

Laplana, la segunda acusada en declarar una vez que acabó Trapero, se presentó como una actora secundaria del 20S, pese a ser desde 2014 la jefa de una de las mayores comisarías de los Mossos por el volumen de población que atiende y por su ubicación, que incluye la Sagrada Familia.

El 20 de septiembre la intendente estaba de reposo en su casa "por prescripción médica", afectada por un "cuadro vertiginoso"Según declaró a preguntas del fiscal Pedro Rubira, se personó en la Consejería de Economía porque un superior que le dijo que él se encargaría al final no pudo ir y ella consideró que "era mi responsabilidad a pesar de lo mal que me encontraba".

En todo caso, no fue "jefa del operativo" -en contra de lo que, según dijo "por error", figura en un atestado de los propios Mossos- y su misión fue " transmitir a mis superiores lo que estaba viendo, hacer la interlocución con la Guardia Civil y traspasar todas las peticiones que realizaran". Pero "no tenía capacidad para movilizar los recursos de orden público" y "siguió las órdenes que recibía".

De hecho, fue porque se lo ordenaron -primero el comisario Molinero y luego Trapero- por lo que habló con dos dirigentes de la ANC, Xavier Vidal y Jordi Sànchez.

La intendente, al igual que ha hecho Trapero, realzó la importancia de la mediación como método utilizado por los Mossos para la resolución de los conflictos. Pero a la postre, según su versión, valió de poco: Vidal les dijo desde el principio que "no podía hacer ninguna interlocución" con los concentrados y Sànchez "había ido nada más que para colaborar en la formación de un pasillo".

En la misma estrategia que Trapero, que aseguró que colgó el teléfono a Jordi Sànchez, Laplana se esforzó en expresar su autonomía respecto al líder soberanista, capaz de movilizar a miles de personas y de guiar sus movimientos subido al coche ("el altar", como los describió Cuixart) de la Guardia Civil, que resultó destrozado. "Sànchez podía decir misa", manifestó la intendente. "No tenía autoridad para condicionar ninguna actuación policial, no es nadie para exigir ni entrometerse en las decisiones de la Policía. Su capacidad de influencia era nula", dijo del mediador aceptado por los Mossos.

El perímetro

Laplana se escudó en sus superiores y en "técnicos en seguridad pública" no identificados para explicar por qué los Mossos no montaron el perímetro de seguridad que de forma insistente les pidió la Guardia Civil a primera hora de de la mañana, cuando frente a Economía había "unas 700 personas", según ella. El fiscal le hizo ver que los documentos enviados a la Audiencia Nacional por los Mossos indican que eran 300.

Fueron "instrucciones del intendente Antoni Sànchez", dijo Laplana desplazando al coordinador regional la responsabilidad de la decisión de no hacer ese perímetro de seguridad frente a la puerta de la Consejería. "El tráfico ya estaba cortado, ya se había alterado la normal circulación de las personas en la zona y visto el número de gene que estaba en actitud reivindicativa, no parecía posible ni aconsejable lo que pedían [los guardias civiles] ya que montar ese perímetro podía generar una reacción en forma de resistencia no ya pasiva sino activa", explicó.

"O sea, que mientras ellos no se meten con ustedes, ustedes no se meten con ellos", resumió el fiscal. "Es que [la actuación de los Mossos salvaguardando ese perímetro] podía generar unos desordenes públicos que en esos momentos no se estaban produciendo", insistió Laplana.

"En ningún momento fue mi intención entorpecer la diligencia judicial. Lo que deseaba es que todo se desarrollara con la mayor normalidad, dando curso a las peticiones de la Guardia Civil, y lo que hubiera querido es haberlas atendido mucho más fácilmente. Siento que no pudiéramos llegar a tiempo a sus peticiones", dijo la intendente a preguntas de su abogada, Olga Tubau.