El Gobierno de Puigdemont proponía "actos ilegales" como el referéndum independentista del 1-O y el Parlament hacía "barbaridades" como aprobar resoluciones que activaban el desarrollo de un proceso unilateral de secesión. Todo ello le generaba una situación de "mucha incomodidad", admitió este lunes el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero ante los tres magistrados de la Audiencia Nacional que le juzgan por ser -dice la acusación de la Fiscalía- una "pieza clave del plan secesionista".

"Y usted, ¿qué se planteó hacer?", le preguntó el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo después de escuchar cómo Trapero soltaba lastre del 'procés' ("el tema éste de la independencia, de votar", dijo el policía con desdén) contando que le colgó el teléfono a Jordi Sànchez cuando el líder soberanista cuestionó el dispositivo de los Mossos el 20 de septiembre y que pidió a Puigdemont, en una reunión a puerta cerrada, que suspendiera el referéndum porque habría problemas de seguridad ciudadana, a lo que el president se negó.

"Hice lo que estaba en mi mano", contestó Trapero. Explicó que habló con los sucesivos consejeros de Interior Jordi Jané y Joaquim Forn "para decirles que qué estaban haciendo, que dónde iban". Y añadió que ya en septiembre de 2016 advirtió al entonces secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, de que "no existe una doble legalidad", la estatal y la catalana, y que, de ir por ese camino, "los mossos estarán siempre donde digan los jueces".

Trapero busca distanciarse del Govern y el 'procés'

Lo que no hizo Trapero fue secundar el "paso al lado" que dio Ciurana -y también Jané, entre otros- abandonando sus cargos en el Govern en julio de 2017, dos meses antes de la aprobación de las leyes de ruptura, el primer escalón hacia el precipicio que se saltó aquel otoño.

El hoy acusado de rebelión -calificación que la Fiscalía rebajará tras la sentencia del Tribunal Supremo, como sugirió al comienzo del juicio Carballo- aceptó el ascenso al puesto de jefe de los Mossos en abril de 2017. Para esa fecha, Govern y Parlament llevaban ya un año y medio lanzados al desarrollo de la resolución I/IX, que dio el pistoletazo de salida al "proceso constituyente de un Estado catalán en forma de república", pese a las reiteradas anulaciones y advertencias del Tribunal Constitucional. Notificadas personalmente a Trapero, como se encargó de recordar Carballo.

El fiscal sometió a Trapero a un persistente interrogatorio que duró cinco horas y que el mayor supo aguantar, bien preparado por la letrada Olga Tubau. La declaración continuará hoy, pero este lunes quedaron perfiladas las principales líneas de defensa.

En cuanto al 20 de septiembre, el mayor sostuvo que el dispositivo de los Mossos ante la multitudinaria concentración frente a la Consejería de Economía pudo haber sido mejor "si se hubiera podido planificar" (léase, si la Guardia Civil hubiera avisado de que se iban a realizar múltiples registros). Pero estuvo guiado "por la mejor de las voluntades" de ayudar a la comisión judicial evitando, al mismo tiempo, un problema de orden público.

Nadie les informó de que la letrada de la Administración de Justicia estaba preparada para salir a las ocho de la tarde (tuvo que ser desalojada por una azotea cerca de la medianoche) y "nadie de la comisión judicial pidió salir a comer", aseguró. Los últimos guardias civiles abandonaron la Consejería a las siete de la mañana, después de 23 horas en la Consejería.

Respecto al 1-O, pudo haber errores, dijo, pero no connivencia con la celebración del referendum. "Pudimos interpretar mal instrucciones de fiscal y juez, pero no entendí que fueran los mossos los que tuvieran que cerrar los colegios", manifestó Trapero.

El mayor invocó de forma recurrente a su sucesor, Ferran Lopez, que asumió el mando de la Policía catalana después de que, por la aplicación del 155, el Gobierno central destituyera a Josep Lluis Trapero. Fue López, dijo, el que "pactó" en las reuniones de coordinación las tareas de las que se encargarían los mossos, "que se cumplieron".

Inevitable la mención al coordinador del dispositivo del 1-O, coronel Diego Pérez de los Cobos, que no ha ahorrado críticas a la actuación de Trapero ante el referéndum, calificándola de "estafa". El mayor dijo este lunes que consideró "ofensivo" que, en las reuniones con el fiscal superior, Pérez de los Cobos afirmara que las advertencias de Trapero sobre los riesgos de una intervención policial para impedir el referéndum eran una "excusa" para permitir la votación.

"Yo me puedo equivocar, pero no necesito excusas", manifestó Trapero. "Si fuera miembro de algo", añadió en referencia a la acusación de estar en connivencia con el proyecto independentista, "lo hubiese reconocido, no lo negaría".

Trapero también indicó que les sorprendió la defensa de las urnas que hicieron los participantes en la votación independentista ("era poco imaginable, se les iba la vida") y aseguró que los mossos cerraron por la fuerza más de un centenar de centros de votación.

Carballo lo puso en duda, resaltando que no hay ni una sola imagen de esas intervenciones similares a las de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El fiscal pidió la exhibición de vídeos que reflejan actitudes complacientes de mossos con los votantes, pero la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, lo denegó aplicando el mismo criterio que se siguió por el Tribunal Supremo en el juicio del 'procés'. Habrá que esperar a la fase de prueba documental.