La Junta Electoral Central tiene previsto decidir este viernes, horas antes del comienzo del debate de investidura, si el líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión tras su condena por sedición y malversación de fondos públicos, ostenta en este momento la condición de eurodiputado.

Noticias relacionadas

La cuestión es relevante desde el punto de vista jurídico, porque el Tribunal Supremo tiene pendiente decidir qué incidencia debe tener la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado que Junqueras adquirió la condición de eurodiputado tras ser proclamado electo el pasado 13 de junio y se le debió conceder un permiso de excarcelación para acudir ante la JEC a cumplimentar los requisitos de acceso al cargo.

Pero en aquel momento Junqueras era un preso preventivo, ya juzgado y a la espera de sentencia. Hoy es un condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta para todo cargo público.

La ley electoral española establece que no pueden acceder a cargos públicos "los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena". La condena del 'procés', dictada el pasado 14 de octubre, se presenta, así, como un hecho sobrevenido que la Junta Electoral Central (JEC) debe valorar para decidir si anula el mandato de Junqueras como eurodiputado, con las inmunidades que el cargo conlleva.

Si la JEC acordara que tiene que resolver (existe la tesis de que debe pronunciarse primero la Sala del 'procés') y decidiera que el presidente de ERC ya no ostenta la condición de eurodiputado, el Tribunal Supremo no tendría que plantearse si el privilegio de la inmunidad tiene algún efecto en su actual situación de condenado.

La Fiscalía cree que el líder republicano debe seguir cumpliendo su condena porque el fallo del TJUE no tiene ninguna incidencia en ella. La defensa de Junqueras ha pedido la nulidad de la condena y su inmediata excarcelación. Y la Abogacía del Estado cree que la sentencia del 'procés' es válida pero se debe permitir a Junqueras ejercer como eurodiputado con "libertad de movimiento" hasta que el Parlamento Europeo decida, previa petición del Supremo, si le levanta la inmunidad. No obstante, la abogada del Estado indicó que la condena del 'procés' sería una causa legal para anular el mandato de eurodiputado y esto corresponde determinarlo a la JEC.

La decisión de la JEC también es trascendente desde el punto de vista político. Una resolución que mantuviera la condición de eurodiputado de Junqueras pese a la condena que le impuso el Supremo representaría una enorme victoria para el partido independentista republicano, a punto de materializar su abstención para favorecer la investidura de Pedro Sánchez.

Los socialistas han propuesto a dos de los cinco vocales catedráticos de la JEC. Unidas Podemos, PP y Ciudadanos designaron a uno cada formación. Pero la llave de la decisión la tienen los siete vocales que son magistrados del Supremo (la octava magistrada que es vocal de la Junta Electoral, Ana Ferrer, no participará en la votación de este asunto al formar parte de la Sala del 'procés').

Los integrantes de la Junta Electoral Central son los siguientes:

1. Antonio Fonseca-Herrero

Antonio Fonseca-Herrero

Presidente de la JEC, es juez por oposición desde 1985. Accedió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hace siete años y entre 2014 y 2017 fue el primer promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, una nueva figura creada para instruir los expedientes disciplinarios a jueces.

En mayo de 2019 fue ponente de la sentencia del Supremo que, por unanimidad, validó que, bajo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de España suprimiera Diplocat, el organismo de acción exterior de la Generalitat que el Govern de Puigdemont puso al servicio del proceso soberanista. 

2. Inés Huerta

Es la vicepresidenta de la JEC. Fue la décima mujer en acceder al Tribunal Supremo. Elegida magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en enero de 2014 por 16 votos de 21, fue uno de los primeros nombramientos que hizo el CGPJ bajo la presidencia de Carlos Lesmes, que la promovió al cargo.

Ingresó en 1979 por oposición en las carreras judicial y fiscal y en sus primeros años de ejercicio optó por la segunda. En 1991 reingresó en Judicatura como especialista de lo Contencioso, tras obtener el número uno en las pruebas selectivas.

Ha sido profesora de Derecho Procesal de Icade y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha redactado como ponente la reciente sentencia en la que el Tribunal Supremo declara nula la decisión del Colegio de Abogados de Madrid de establecer un límite de 75 años para ejercer como abogado de oficio, al considerar que constituye una discriminación por razón de edad. 

"No puede predicarse de la generalidad de los mayores de 75 años ese menoscabo físico o intelectual que haga necesaria y razonable la medida", escribió Huerta, que añadió que, si así fuera, el máximo de edad debería fijarse también para el ejercicio privado de la profesión.

3. Antonio Sempere

Antonio Vicente Sempere

Juez del Tribunal Supremo desde abril de 2014 por el turno de juristas de reconocida competencia, Sempere ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y, con anterioridad, en Murcia y Oviedo.

Fue docente durante 37 años, asesor del sindicato Unión Sindical Obrera entre 1977 y 1978, consultor del despacho Sagardoy y coordinador del área laboral de Gómez-Acebo&Pombo.

El pasado diciembre fue ponente de una sentencia muy celebrada por los sindicatos en la que el Supremo estableció una nueva doctrina sobre la remuneración de las guardias, sea en el lugar de trabajo o en el domicilio. El alto tribunal indicó que "o se trabaja o se descansa, no admitiéndose graduaciones, de modo que los tiempos de espera, de disponibilidad, de localización, o son tiempo de trabajo o son tiempos de descanso, no pudiéndose admitir una categoría intermedia”. De esta forma, el tiempo de exceso de jornada ordinaria debe ser considerado como horas extraordinarias.

4. Francisco José Navarro

Francisco José Navarro./ E.E.

Juez por oposición desde 1985, en noviembre de 2014 fue elegido por una mayoría de 16 votos magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Es experto en Derecho Tributario y fue uno de los magistrados que, como integrante de la Sección Segunda de la citada Sala, dictó la sentencia de 18 de octubre de 2018 que impuso a las entidades bancarias el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de los préstamos hipotecarios.

Ese criterio fue rectificado por un estrecho margen de votos (15 a 13) en un polémico pleno de la Sala. Navarro redactó entonces un durísimo voto discrepante en el que afirmó que la decisión de cargar el impuesto a los clientes "va a pasar perennemente a la historia jurisprudencial como un baldón sonrojante". 

Desde 2012 es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

5. María Luz García Paredes

María Luz García Paredes./ E.E.

Cumple ahora dos años como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo después de una larga trayectoria judicial -ingresó por oposición en 1980-, en su mayor parte dedicada a la jurisdicción laboral.

Por elección de sus compañeros fue decana de los Juzgados de lo laboral en Madrid. Antes de ser magistrada del alto tribunal estuvo en el Gabinete Técnico, en su última etapa como coordinadora adscrita a la Sala de lo Social.

Ha sido además profesora del máster de Derecho Procesal Laboral de la Uned.

6. Eduardo Porres

Eduardo Porres

Llegó a la Sala Penal del Tribunal Supremo procedente de la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que sucedió a la magistrada Ana Ferrer. Hoy ambos comparten Sala en el alto tribunal.

Porres accedió a la Judicatura por oposición en 1986 después de ejercer de abogado. Durante la mayor parte de su carrera ha estado en órganos penales y fue juez instructor en Madrid. En 2007 fue destinado a una sección penal de la Audiencia madrileña.

Es director del manual de formación Hacia un catálogo de buenas prácticas para optimizar la investigación judicial. Ahora tendrá ocasión de retomar sus conocimientos porque acaba de ser designado instructor de la causa abierta a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil en relación con contrataciones realizadas a favor de un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

El pasado junio fue ponente de la sentencia que revocó la condena a 17 años de cárcel impuesta a dos yihadistas por falta de garantías y ordenó la repetición del juicio.

7. José Luis Seoane

José Luis Seoane

Su elección el pasado mayo como magistrado de la Sala Primera del Supremo fue aplaudida por su prestigiosa trayectoria como civilista, aunque Seoane, juez por oposición desde 1981, también es experto en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid y durante su etapa de juez de instrucción en Cambados destacó por plantarle cara a las redes de contrabando de tabaco, de las que luego se aprovecharían los narcotraficantes gallegos.

La mayor parte de su carrera se ha desarrollado en Galicia. Presidió durante 13 años la Audiencia Provincial de A Coruña, tras ser magistrado de la misma desde 1990.

Profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, la Uned, la Universidad de Santiago de Compostela y en las Escuelas de Práctica Jurídica de Gijón y de A Coruña, es especialista en Derecho Civil gallego y académico de número de la Real Academia Gallega de Legislación y Jurisprudencia.

8. Carlos Vidal

Carlos Vidal

Vocal de la JEC a propuesta del PP, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y actualmente catedrático de Constitucional de la Uned, donde imparte docencia desde 1997. Ha sido director de la Uned en la Comunidad de Madrid.

Fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Es miembro del claustro de profesores del doctorado en Ciencias Jurídicas Europeas e Internacionales de la Universidad de Verona (Italia) y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Fue uno de los miembros de la Junta Electoral contra los que el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, se querelló el pasado marzo por ordenarle retirar los lazos amarillos colocados en edificios públicos durante la campaña electoral. La querella ni siquiera fue admitida a trámita, mientras que la desobediencia de Torra a la JEC le ha valido finalmente una condena a inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Cataluña el pasado 19 de diciembre.

La Junta Electoral tiene previsto decidir también este viernes si aparta a Torra de su cargo de diputado en el Parlamento catalán en aplicación de esa condena. El presidente catalán ha recusado a Vidal, a Inés Olaizola y al presidente, Antonio Fonseca-Herrero, aunque fuentes de la JEC no conceden mucho recorrido a esta iniciativa.

Carles Puigdemont y Antoni Comin también se querellaron contra Vidal por no autorizar su candidatura al Parlamento Europeo.

9. Inés Olaizola

Ines Olaizola Nogales

Vocal de la JEC desde 2017 a propuesta de Unidas Podemos, es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra y experta en financiación y regeneración de partidos políticos. Desde junio de 2015 es secretaria general de la UPNA.

Se licenció en 1989 en Derecho (con la especialidad jurídico-económica) en la Universidad de Deusto y se doctoró en 1997. Se ha formado en el Instituto de Criminología y Delitos Económicos de la Universidad de Friburgo y en la Universidad de Augsburgo. En 1999 obtuvo la plaza de profesora titular de Derecho Penal en la UPNA y en 2011, la cátedra de esta especialidad.

10. Consuelo Ramón

Consuelo Ramón

Catedrática de Derecho internacional de la Universidad de Valencia, es también directora del Instituto de Derechos Humanos de la UV.

Ramón lleva 34 años dedicada a la docencia y es miembro de la Junta Electoral a propuesta del PSOE desde el pasado septiembre.

Se doctoró en 1991 con una tesis dedicada a la respuesta del Derecho Internacional ante el terrorismo. Es experta en derechos humanos y participa en másteres y programas de doctorado en la Universidad Carlos III, Fundación Ortega y Gasset, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad del País Vasco.

11. Juan Montabes

Juan Montabes

Propuesto por el PSOE, partido en el que milita, se incorporó a la JEC en septiembre. Desde 1996 es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada tras ejercer como profesor titular desde 1987.

En 1986 obtuvo el doctorado con una tesis sobre la prensa del movimiento en la transición.

Es miembro del Centro de Análisis y Documentación política y Electoral de Andalucía, comunidad en la que ha desempeñado su carrera profesional. Se ha especializado en el análisis del comportamiento político y la opinión pública, así como en los elementos institucionales de los sistemas electorales.

Entre 2008 y 2011 fue elegido por el Parlamento de Andalucía miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, organismo que presidió. También fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada.

12. Silvia del Saz

Silvia del Saz

Catedrática de Derecho Administrativo desde 2000 por la Universidad de La Laguna, actualmente lo es de la Uned. Accedió a la JEC desde septiembre a propuesta de Ciudadanos.

Ha sido consejera por designación de las Cortes del Consejo de Universidades,  secretaria general de la Uned y directora General de Suelo de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2007.

Tiene experiencia en el ejercicio de la abogacía, ya que trabajó en el Departamento de Derecho Administrativo del bufe Garrigues y como of counsel del despacho Andersen Tax&Legal.

Entre 2011 y 2015 fue letrada del Tribunal Constitucional.