48 horas después de hacer pública la sentencia del 'procés', Manuel Marchena deberá comparecer ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial, presidida por Carlos Lesmes, para optar a la reelección como presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

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Lo tiene mucho más fácil que en septiembre de 2014, cuando fue nombrado para su primer mandato de cinco años. En esa ocasión aspiraron al cargo otros dos magistrados de la Sala Penal, Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido. Esta vez no tiene contrincante.

Para desempeñar su primer mandato recibió la confianza de 12 de los 20 miembros del CGPJ (la vocal Clara Martínez de Careaga, esposa de Conde-Pumpido, se abstuvo). Ahora tendrá, con seguridad, un apoyo más amplio. Marchena se ha consolidado como responsable de la Sala que afronta los asuntos judiciales más delicados y lo ha hecho sin cometer graves errores. Fomenta un buen clima de entendimiento entre los magistrados (algo esencial que no siempre se ha podido decir de sus predecesores), ha aumentado la colegialidad en la fijación de los criterios jurídicos y ha contribuido al prestigio de la Sala, especialmente con la difusión en directo del juicio del 'procés', una apuesta arriesgada que ha superado con un incuestionable éxito.

La influencia de ese juicio histórico se percibe en el programa de actuación que ha presentado, notablemente diferente al anterior. Si en 2014 las propuestas de Marchena se centraban en el funcionamiento interno de la Sala (criterios de admisión a trámite de los recursos, favorecimiento de la oralidad con el señalamiento de vistas, reordenación del gabinete técnico...), ahora ha incluido un apartado de actuación ad extra: "La Sala Segunda debe contribuir, en la medida de sus posibilidades, a ese acercamiento a la sociedad" en el que, afirma, se está esforzando el CGPJ "para mostrar la labor de la Administración de Justicia, mostrando la verdadera imagen (despojada de estereotipos)".

Marchena, que defenderá su programa durante una comparecencia este miércoles en el Consejo, alude también a la necesidad de culminar la digitalización de la Sala "pasando a la situación de 'papel cero'", una eterna asignatura pendiente.

Existen otros motivos de preocupación. Como consecuencia de la ampliación del ámbito de la casación, de la reforma del Código Penal realizada en 2015 -que modificó numerosos preceptos e introdujo nuevos tipos criminales necesitados de interpretación jurisprudencial- y también debido a la dedicación prácticamente exclusiva del presidente y seis magistrados a la causa del 'procés', el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado notablemente.

Aunque la inadmisión ha crecido y también lo ha hecho el nivel de resolución, los datos indican que la Sala Penal recibe actualmente una media de 525 recursos por mes. Ello se está traduciendo en un aumento relevante de la carga de trabajo que asumen los 15 miembros de la Sala, que cerró 2018 con 3.059 asuntos pendientes (fueron 2.164 en 2017 y 1.742 en 2016).

Las propuestas para afrontar esta situación, que está alargando cada vez más el tiempo de respuesta del tribunal, pasan por reforzar a la Sala de Admisión para agilizar su funcionamiento con el apoyo de las secretarías y de un gabinete técnico mejor dotado.