El expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, Javier Monzón, ha entregado al juez de la operación Púnica documentos sobre el funcionamiento de la tecnológica para poner en cuestión la tesis de la fiscal de que el máximo responsable de la entidad era el encargado de supervisar y controlar a los directivos y órganos ejecutivos de la compañía.
Indra, Monzón y varios de sus subordinados tienen desde el pasado septiembre la condición de investigados en la pieza del caso Púnica que se refiere a la presunta financiación ilegal del PP de Madrid (PPCM). Los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que la tecnológica, que es uno de los principales proveedores de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, participó en un "concierto urdido por dirigentes del PPCM" para utilizar fondos públicos de ICM como fuente de ingresos del partido.
Según la Fiscalía, Monzón y otros directivos de Indra habrían aceptado atender gastos de las campañas del PP madrileño entre 2008 y 2013 abonando facturas presentadas por proveedores electorales bajo "conceptos irreales", todo ello con cargo al presupuesto "inflado" de los contratos que ICM adjudicaba a Indra.
Javier Monzón, que dirigió la compañía hasta 2015, declaró ante el juez García-Castellón el pasado día 4 que él se encargaba de la estrategia de negocio y de las relaciones institucionales, pero no supervisaba ni las ofertas ni los contratos ni tampoco controlaba cómo era gestionados.
En un escrito dirigido al Juzgado tres días después, la defensa de Monzón contesta a las reiteradas referencias que la fiscal hizo durante esa declaración en el sentido de que los estatutos de la multinacional aludirían a la función del presidente del Consejo de Administración de "supervisión y control de los directivos/empleados".
El escrito de la defensa aporta una copia de los estatutos de la mercantil vigentes en los años que son objeto de la investigación y señala que "en contraste con lo afirmado de forma recurrente por el Ministerio Fiscal en su interrogatorio, los estatutos de la sociedad nunca han integrado como asociada al presidente la función de supervisión y control de los directivos/empleados de la compañía".
Recuerda que a lo largo de su declaración Monzón enfatizó que en Indra hay un sistema de cumplimiento, "existiendo una norma específica para cada tipo de actividad y ámbito funcional".
"Al mencionarse en el interrogatorio esa normativa interna y su importancia para
valorar cualquier actividad por ella regulada, el Ministerio Fiscal manifestó
conocer su existencia y contenido a través de la página web de la compañía. Pese
a lo anterior, las normas internas de la sociedad Indra reguladoras de su actividad
no son públicas y no se encuentran disponibles en la página web", precisa la defensa, que indica que "es posible" que la fiscal se refiriese a "otro tipo de regulaciones de carácter más general o de otros ámbitos de aplicación".
Monzón aporta, por ello, copias del sistema de prevención de riesgos y cumplimiento normativo de Indra, indicando que "existían este tipo de normas para cada una de las
actividades de gestión de las operaciones (ofertas, contratación con clientes,
ejecución de proyectos, facturación y cobros, compras, contratación de
proveedores y pagos, etc.) y para cualquier otra actividad de gestión de las áreas
corporativas y funcionales, y todas ellas se iban revisando y actualizando
periódicamente".