La jueza central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se ha declarado competente para asumir la instrucción de la causa en la que se investiga a excargos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, a la antigua cúpula de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a empresarios por sobornos a funcionarios venezolanos, prevaricación, corrupción en transacciones internacionales, estafa y delitos fiscales, entre otros presuntos delitos. También se investigan las posteriores operaciones de blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos a través de complejos entramados societarios.
La investigación, que afecta al exviceministro de Energía Nervis Villalobos y al exministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa, se inició en junio de 2017 tras una denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción y una querella de PDVSA, la principal empresa estatal venezolana, que acabaron convergiendo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
El pasado 21 de junio, el titular de ese Juzgado, Juan Carlos Peinado, acogió una petición de la Fiscalía Anticorrupción formulada cuatro meses antes para que el proceso retorne a la Audiencia Nacional al detectarse indicios de "nuevos actos de blanqueo de capitales no conocidos en su momento" por la AN.
Peinado explicaba que los hechos objeto de investigación "se han ampliado" y se han descubierto "diferentes operaciones de blanqueo canalizados en el extranjero y por sociedades domiciliadas en el extranjero".
Esas nuevas operaciones sospechosas se habrían realizado a través del grupo Swissinvest, una "estructura de carácter transnacional" que habría servido para llevar a cabo "actos de blanqueo de capitales tanto en nuestro país como a nivel internacional, aflorando capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los máximos directivos de la empresa pública de Venezuela PDVSA".
En una resolución dictada el pasado jueves, la jueza Tardón ha aceptado el caso, que vuelve a la Audiencia Nacional dos años después.
La instructora se encontrará con un procedimiento en el que los investigados llevan meses denunciando la vulneración de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Así, el empresario José Roberto Rincón interpuso hace 11 meses un recurso de reforma contra una resolución -una mera providencia- en la que el Juzgado denegó el desbloqueo de cuentas para hacer frente a los gastos de la explotación agropecuaria existente en la finca La Losilla e instó la realización anticipada de los bienes de las empresas Global Maghas y Tradequip.
El recurso ponía de manifiesto que en la causa no consta el embargo o decomiso de los bienes de la finca La Losilla y que la realización instada por el juez aboca al desempleo a las 16 familias que allí trabajan, llevando a cabo actividades que la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos) ha valorado positivamente.
A ello habría que sumar los costes del cierre de la actividad agropecuaria: 300.000 euros en despidos de los empleados y otros 300.000 por pérdida de inversiones, además de la merma del valor de la finca.
El recurso fue interpuesto el 6 de noviembre de 2018 y aún no ha sido resuelto, pese a que el empresario ha recordado la urgencia de la situación en otros dos escritos presentados el 13 de diciembre de 2018 y el pasado 25 de abril.
En el mismo procedimiento, el instructor ha acordado la realización anticipada de los vehículos intervenidos a los investigados Nervis Villalobos; Milagros Coromoto, esposa del anterior; Ignacio Sánchez Cumba, Luis Fernando Vuteffr, José Vicente Amparán y José Roberto Rincón, alegando su depreciación. Lo ha hecho sin haber oído a sus defensores, audiencia que es legalmente preceptiva.
El Juzgado tampoco ha tramitado los recursos de apelación interpuestos contra la negativa del instructor que esos vehículos pudieran ser entregados a los investigados en depósito para evitar su deterioro. Ni siquiera ha resuelto sobre la petición de que el Juzgado adoptara las medidas necesarias para el abono del impuesto de vehículos, pago debió ser realizado hace tres meses.