El Gobierno pelea desde hace seis días por superar los últimos obstáculos para llevar a cabo la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos: de un lado, los procedimientos judiciales aún abiertos, en particular el que tramita el juez José Yusty, y, de otro, la actitud de la comunidad benedictina que gestiona la basílica -perteneciente al patrimonio público- donde fue enterrado el que fuera jefe del Estado.

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Obtenido el pasado lunes el aval de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo a que la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos se realice en los términos acordados por el Gobierno de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, el Ejecutivo espera que el alto tribunal resuelva el martes o miércoles de la próxima semana la petición de aclaración presentada por la familia Franco y levante la suspensión cautelar de la exhumación acordada en los procedimientos iniciados por demandas de la Fundación Francisco Franco, la comunidad benedictina del Valle y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.

Estos recursos siguen su tramitación pero, dado que no es esperable que el Supremo se contradiga a sí mismo, el Gobierno cree razonable confiar en que, por lo que respecta a lo que depende del alto tribunal, el proceso de exhumación no encuentre frenos.

Más complicada resulta la situación creada por el juez Yusty, que desde el pasado miércoles tiene encima de la mesa una petición de la Abogacía del Estado para que archive un procedimiento iniciado el pasado febrero a instancias de un particular contra la decisión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de declarar admisibles las actuaciones urbanísticas proyectadas por Patrimonio Nacional para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

La Abogacía del Estado ha enviado a Yusty una certificación de la sentencia del Supremo, que ha descartado todas las objeciones de legalidad urbanística que también son objeto del procedimiento que él tramita en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid.

El defensor jurídico del Estado no tiene duda de que, tras el pronunciamiento del Supremo, ese procedimiento acabará siendo archivado. El problema es que Yusty parece no tener ninguna prisa en dar una respuesta y ello incide en el calendario del Gobierno, que, en principio, contempla llevar a cabo la exhumación antes del 1 de noviembre, comienzo de la campaña electoral.

El otro frente, el religioso, también ha sido abordado por el Gobierno. Cinco autoridades eclesiásticas han sido destinatarias de cartas en las que el Ejecutivo les informa de la sentencia del Tribunal Supremo y les comunica la voluntad del Ejecutivo de culminar el proceso de exhumación.

Las misivas se han dirigido al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede; al cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid: al abad de la congregación benedictina de Saint-Pierre de Solesmes (Francia), Philippe Dupont, de la que dependen los religiosos españoles de la Orden de San Benito; al abad benedictino de Santo Domingo de Silos, Lorenzo Maté, y, finalmente, a Santiago Cantera, superior de la Abadía del Valle de los Caídos.

En el caso de los benedictinos, las cartas recuerdan la respuesta que el superior el Valle de los Caídos dio al Gobierno cuando éste pidió permiso para acceder a la basílica al tratarse de un lugar de culto: "Como no podía ser de otra manera, esta comunidad está sujeta a lo que decidan en su día las autoridades competentes que, dado el carácter conflictivo de la cuestión, no pueden ser otras que las judiciales". La respuesta consta en el expediente judicial y ha sido enfatizada por el Supremo para indicar que la negativa dada en su día "debe decaer".

El Gobierno tiene previsto volver a dirigirse a la comunidad benedictina del Valle cuando haya decidido la fecha y hora de la exhumación.