El funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Antonio Chaparro Luque, investigado en la Audiencia Nacional por hacer presuntamente una búsqueda en las bases de datos confidenciales de Hacienda y facilitarla a los colaboradores del comisario entonces en activo José Manuel Villarejo para uno de los trabajos de su empresa Cenyt, declaró este jueves ante el juez que alguien debió suplantarle para hacer dicha consulta.

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El trabajador de Hacienda tuvo que dar explicaciones al instructor y la Fiscalía en el marco de la pieza Iron del caso Tándem, en la que se investiga un trabajo en 2014 de la empresa del comisario Villarejo por la que éste y su socio cobraron 625.000 euros y que, por encargo del despacho de abogados Herrero & Asociados, consistía en espiar a su competencia, el despacho Balder IP Law, que se había creado como una escisión del primero. Los clientes del comisario querían saber si el nuevo despacho le estaba robando los clientes y entrar en sus archivos tecnológicos hackeándoles el sistema. El despacho también está investigado en el caso y la Fiscalía apunta a varias personas como cooperadores de Villarejo en la búsqueda de datos privados

En este contexto, un oficio de la Policía incluido en un informe que la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 12 de agosto al juez Manuel García-Castellón sitúa a Chaparro Luque como "la única persona que accedió y pudiera haber aportado dicha información reservada a Enrique García Castaño (exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional también investigado) y éste posteriormente a José Manuel Villarejo Pérez, y ya de forma plenamente contrastada, facilitada luego por este a sus clientes, los cuales la recibieron, al coincidir con extraordinaria precisión las fechas de acceso a tal información reservada y su puesta a disposición de los clientes". 

"No estaba en mi mesa"

Ante esta acusación, el funcionario se defendió afirmando que a la hora que se realizó la consulta nunca estaba en su mesa frente al ordenador porque tenía asignada la tarea de cerrar la caja de liquidaciones y el libro de incidencias de su oficina de la Agencia Tributaria, trabajo que se realizaba siempre a la misma hora, según trasladan fuentes jurídicas.

Así, Chaparro Luque afirmó que alguien debió entrar en su ordenador y hacer la consulta, puesto que es "imposible" que la hiciera él mismo. Una línea de defensa coherente y difícil de contrastar.

Trabajador del BBVA

También declararon este jueves ante el juez César Bilbao, trabajador del BBVA investigado por facilitar también presuntamente datos privados de clientes a la red de Villarejo y un subinspector de Policía imputado por el mismo motivo. 

Bilbao reconoció que hizo las consultas que se investigan y que llegaron a manos de Villarejo, pero afirmó que contestó a los requerimientos de policías que solicitaron dichos datos sin saber cuál era el fin, como en otras tantas ocasiones facilitó datos a Policía y Guardia Civil puesto que el personal de Seguridad Privada está obligado a contestar a sus requerimientos. 

En cuanto al subinspector, también reconoció haber hecho consultas sobre los miembros del despacho IP Law desde su ordenador y afirmó que posiblemente fue el inspector en segunda actividad Antonio Bonilla, colaborador de la empresa de Villarejo e investigado, quien se lo pidió.

Según el policía, se le informó de que había situaciones que podían ser ilegales y "como soy policía, tengo la obligación de investigar", trasladan fuentes jurídicas que declaró. También intentó aclarar que las consultas, por tanto, no respondían a oficios policiales sino que las hizo por iniciativa propia como modo de "comprobación".