El juicio contra Josep Lluis Trapero, el mayor de los Mossos d'Esquadra acusado de un delito de rebelión, comenzará a partir del 20 de enero en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional. 

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El Tribunal que juzgará a Trapero y la cúpula de la Policía catalana -Pere Soler, César Puig y Teresa Laplana- estará conformado por Concepción Espejel como presidenta, Francisco Javier Vieira Morante y Ramón Sáez Valcárcel como ponente. 

La Audiencia Nacional abrió juicio oral contra los acusados en octubre de 2018 y, un mes después, la Fiscalía presentó su escrito de acusación en el que afirmó que "el auxilio y la colaboración de los Mossos d'Esquadra fue determinante para la celebración del referéndum y la producción de los graves sucesos que finalmente acaecieron, pues lejos de cumplir el mandato judicial al que venían inexcusablemente obligados por imperativo legal optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat, poniendo a disposición de los mismos y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso (17.000 efectivos)".

Trapero negó los hechos e incluso declaró durante la instrucción en el Juzgado Central de Instrucción número 3 y más tarde como testigo en el Tribunal Supremo que en todo momento obedeció los mandatos judiciales y que estaba dispuesto a detener a Puigdemont si se lo hubieran ordenado. 

Se desmarcó del resto de acusados

Trapero será juzgado por su responsabilidad al frente de los Mossos tanto por el asedio a la comitiva judicial que registró la consejería de Economía catalana los días 20 y 21 de septiembre como por la vigilancia en el dispositivo del referéndum del 1 de octubre.

A diferencia de Soler (exdirector de los Mossos), Puig (exsecretario general de Interior) y Laplana (intendente) acusados también en esta causa, Trapero se desmarcó de la estrategia independentista y admitió la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle. El resto solicitó que la causa se trasladara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que rechazó tanto la Sala de lo Penal como la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.