"¿Cómo se llama esta fiscal?", se preguntaban los periodistas que cubrían la vista sobre el caso de La Manada celebrada en el Tribunal Supremo. Ni los más veteranos la habían visto antes. Pero, como suele suceder, detrás de una intervención impecable realizada por una fiscal anónima hay una larga y nada fácil trayectoria de trabajo y de dedicación a la defensa de las posiciones del Ministerio Público, "que se guían por criterios jurídicos, no por los movimientos sociales o mediáticos", replicó, contundente, al abogado de los cinco condenados, que había acusado a la Fiscalía de sucumbir a la presión populista.

A Isabel Rodríguez Mateo no le gusta el trato con los medios de comunicación. Pese a llevar ya ocho años como fiscal del Tribunal Supremo, su nombre no ha trascendido a la prensa por ninguno de los casos que ha llevado. Hasta el pasado viernes, cuando fue la voz de la Fiscalía en reclamación de una condena por violación que la acusación pública ha perseguido desde que se iniciaron las diligencias contra Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza, en julio de 2016. Los fiscales han tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo después de intentarlo en la Audiencia de Pamplona y en el Tribunal Superior de Navarra, pero, finalmente, los miembros de La Manada duermen desde hace dos días entre rejas.

Rodríguez Mateo no es una fiscal mediática, pero era consciente de la trascendencia de la vista ante el Supremo y preparó a conciencia una intervención con mensajes efectivos: "La víctima se vio doblegada por el miedo", "hubo sometimiento, no consentimiento", "no se puede exigir a las víctimas una actitud peligrosamente heroica". Consultó su exposición con uno de los fiscales que mejor domina el escenario de los juicios: Javier Zaragoza, el brillante fiscal del 11-M, del 'procés' y de tantos otros casos difíciles.

Zaragoza e Isabel Rodríguez se conocen desde hace muchos años, cuando el primero era teniente fiscal y luego fiscal jefe de San Sebastián en los duros años en los que la banda terrorista ETA era la protagonista absoluta de la criminalidad en España. Isabel, vasca de origen, hija y cuñada de guardias civiles, vivía en Donosti, donde estudió Derecho.

"Quiero ser fiscal"

Tras acabar la carrera se hizo abogada y un día le tocó defender de oficio a unos violadores. Era una banda que había sembrado el pánico entre los turistas extranjeros, sobre todo franceses, que recorrían el País Vasco en roulottes, donde eran asaltados y las mujeres, violadas. La defensa que tuvo que realizar de quienes habían realizado esos hechos la dejó tan afectada que se fue a ver a uno de los magistrados de la Audiencia Provincial de San Sebastián, uno de los que, precisamente, había condenado a sus clientes: "Quiero ser fiscal", le dijo.

El magistrado era Cándido Conde-Pumpido, hoy juez del Tribunal Constitucional, que en aquella época -principios de los 80- era de los contados preparadores de la oposición a Judicatura y Fiscalía que había en San Sebastián.

La discípula de Conde-Pumpido era aplicada y tenaz: consiguió sacar las oposiciones en poco tiempo. Alcanzó su sueño de ser fiscal en 1985, formando parte de la misma promoción que Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Penal del Supremo.

Fue una promoción de 75 fiscales de la que Isabel Rodríguez era el número 41. Pidió como primer destino San Sebastián, donde trabajó a las órdenes de Zaragoza.

En noviembre de 1999 se trasladó a Madrid. Zaragoza, que era jefe de la Fiscalía Antidroga, le buscó un hueco porque Isabel estaba recibiendo amenazas cada vez más intensas del entorno etarra.

En junio de 2005 volvió a cambiar de destino. Conde-Pumpido, entonces fiscal general, le llevó a la Inspección Fiscal. De ahí fue nombrada fiscal de la Sala Penal del Supremo en julio de 2011.

Isabel Rodríguez es una mujer discreta, buena profesional, que no se anda con rodeos. Sin hijos, desde hace muchos años convive con Juan Ignacio Campos, prestigioso fiscal de Sala de la jurisdicción penal. El caso de La Manada le tocó por reparto y cuando lo llevó a la Junta de Fiscales del Supremo su tesis de defensa del caso fue respaldada por unanimidad.

Aunque en la vista del viernes eludió mencionarlo, Rodríguez Mateo habló en esa Junta del error de calificación que ha impedido al Supremo imponer una condena mayor. El resultado, a la postre, ha acogido la posición nuclear de la Fiscalía: no fue un abuso, fue una violación.