Jornada 47 del juicio al 'procés' y comienzo de la fase documental, que se desarrolla con cierta confusión hasta que las partes entienden que tampoco aquí el Tribunal Supremo se va a comportar de modo convencional. La Sala no va a aceptar en bloque los documentos propuestos por acusaciones y defensas para seleccionar luego, en la reserva de la deliberación, los que constituirán la apoyatura de su sentencia. Esto es lo que suele ocurrir en los juicios penales y lo que permite que habitualmente la prueba documental se dé por reproducida y, salvo impugnaciones, no dure más allá de unos minutos.

La Sala del 'procés' va a aplicar un canon más estricto y también más garantista. Va a examinar, una a una, las pruebas documentales que plantea cada parte para cribar las que son susceptibles de servir como elemento probatorio. De entrada, ha anunciado la exclusión de los atestados policiales y de las diligencias preprocesales de la Fiscalía. Todos sabrán con qué prueba pueden contar de cara a sus informes finales y qué concretos documentos entrarán en el acervo del que se valdrá el tribunal formar su convicción.

Durante todo el día acusadores y defensores concretan los documentos escritos que consideran más relevantes y, sobre todo, impugnan los contrarios. Todo se sucede sin enfrentamientos, en un ambiente de normalidad y hasta de aburrimiento que no refleja la trascendencia de lo que está en liza.

Por ejemplo, de prosperar la petición de las defensas las acusaciones se quedarían sin la agenda Moleskine de Josep María Jové, el brazo derecho de Junqueras que iba anotando las reuniones estratégicas del 'procés'. Se quedarían también sin EnfoCats, un documento hallado en el domicilio de Jové al que las partes acusadoras conceden la importancia de ser la hoja de ruta del proceso soberanista.

Tampoco podrían contar con los tuits de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart convocando a movilizaciones masivas ni con los correos electrónicos de ellos y de otros acusados como Jordi Turull.

Xavier Melero, defensor del exconsejero de Interior Joaquim Forn, se desmarca -una vez más- del resto: "No voy a impugnar ningún documento de las acusaciones porque son dúplex: valen tanto para la acusación como para la defensa", manifiesta.

Gracias a Melero la abogada del Estado Rosa Seoane se libra de leer sus 92 folios de prueba documental. Cuando la representante de la acusación particular va por el folio 28 interviene el veterano defensor y ofrece una salida: "Nos damos por instruidos", dice, secundado de los demás.

Seoane, en cambio, está peleona e impugna parte de la prueba documental de la defensa, como los vídeos de las intervenciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en los centros de votación el 1 de octubre. Son los que van a servir a las defensas para argumentar que, si el día del referéndum ilegal hubo alguna violencia, fue exclusivamente la de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La ocasión se le ha pasado a la Fiscalía, que "desea que el tribunal conozca todos los elementos y todo el material probatorio sobre los hechos, sea de carácter favorable o desfavorable", señala Consuelo Madrigal.

Seoane no acusa por rebelión, por lo que la violencia no es un componente vital de su estrategia. Pero la admisión de esos vídeos como fuente de prueba le parece improcedente. "Impugno esos numerosos vídeos que se han introducido dentro de una categoría genérica de 'violencia policial'. Entendemos que planteados de esta forma, como sometiendo a enjuiciamiento la 'violencia policial', exceden del objeto del procedimiento y no procede su admisión", indica.

La Sala dará a conocer este martes su decisión sobre la prueba documental. Después se exhibirán los escritos que sean precisos y llegará el momento de los vídeos. Se espera que esta semana esté concluida la fase documental y las partes eleven a definitivas sus conclusiones. La semana que viene comenzará la exposición de los informes finales. A mediados de junio Marchena podría pronunciar el anhelado 'visto para sentencia'.