Aquella mañana del 23 de noviembre de 2016, el acusado Antonio Santillana Campos fue a trabajar como cualquier otra a su taller mecánico para vehículos agrícolas. Dos días antes había suscrito un préstamo de 43.000 euros con la oficina de Caixabank de La Solana (Ciudad Real), donde acudía regularmente a hacer sus trámites. 

El director de la sucursal, Alfonso Muñoz Díaz-Pintado, y la gestora, Benita Palacios García-Abadillo, firmaron el préstamo con él. En seguida pudo disponer del dinero en su cuenta salvo una pequeña cantidad, de 2.200 euros, que se quedó retenida temporalmente en concepto de trámites en el banco.

Pasaron dos días de la firma del contrato y un trabajador de la empresa de Antonio le avisó de que el dinero no había sido ingresado aún. "Se me metió en la cabeza que me habían engañado", declaró el mecánico ante el juez un día después de los hechos.

Precisamente por ese motivo, porque pensaba que le habían engañado, cogió su furgoneta, se dirigió a su casa en la localidad de Villanueva de los Infantes, cogió su escopeta de caza semiautomática marca Benelli modelo Saut, la cargó con dos cartuchos y fue a la oficina de La Caixa de La Solana "con el propósito de acabar con la vida de las dos personas que habían participado en la concesión del préstamo, el director Alfonso Muñoz y la gestora Benita Palacios", se puede leer en el auto de hechos justiciables del magistrado Fulgencio V. Velázquez de Castro, presidente del Tribunal que le juzgará, ante un jurado popular, los próximos 8, 9 y 10 de julio. 

Dos disparos, el segundo mortal

Con total tranquilidad, vistiendo su mono azul de trabajo, el acusado aparcó su pick up delante de la puerta de la oficina y ocultando su escopeta pegada al costado y la pierna, entró en la oficina. Se dirigió a la gestora del banco, Benita Palacios y exhibiéndole el arma le dijo que colgara el teléfono y le llevara al despacho del director, ya apuntándole con la escopeta. Atemorizada, hizo lo que el hombre le pedía.

Mientras se desplazaban al despacho, el acusado se dio cuenta de que otra trabajadora, Rosa Peñalva, trataba de salir a la calle para pedir ayuda y le dijo: "Dónde vas tú, si quieres, sales de la oficina", deteniéndose la mujer.

Ya una vez en el despacho del director, Alfonso, éste se encontraba atendiendo a un anciano, al que el acusado pidió que se marchara y el hombre salió corriendo, asustado. El director y la gestora trataron de calmarle, pero el hombre no atendía a razones y dijo al director: "Te mato, te mato". Acto seguido, le disparó primero en el brazo izquierdo, a la altura del bíceps. Después rodeó la mesa y a menos de un metro de distancia le disparó una segunda vez en el cuello, provocándole la muerte. 

El hombre volvió a cargar la escopeta y apuntó hacia Benita, la gestora del banco, que también se encontraba en el despacho, se escondió debajo de la mesa y se cubrió con una silla mientras el acusado le apuntaba con el arma. 

No llegó a dispararle y finalmente el hombre salió del despacho. Benita cerró la puerta con pestillo, viendo cómo seguía apuntándole desde fuera, a través de una pared de cristal. Para entonces ya había llegado al lugar de los hechos un policía municipal, pues una trabajadora de la oficina accionó el botón de emergencia. El acusado dejó la escopeta y se entregó. Dos agentes de la Guardia Civil llegaron inmediatamente después, se encontraron con la escena del crimen y vieron que nadie más estaba herido. 

Las cámaras de la oficina captaron perfectamente la entrada del mecánico armado y todos sus pasos hacia el despacho. Él mismo reconoció que había matado al director del banco un día después de ser detenido ante el juez instructor de la causa, Agustín Calcerrada.

48 años de prisión

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato contra Alfonso Muñoz, que dejó una viuda y dos hijas con 15 y 11 años actualmente; un delito de homicidio en grado de tentativa contra Benita Palacios y un delito de amenazas contra Rosa Gallego. 

Solicitan por ello 22 años de prisión por el primer delito, 8 por el segundo y 2 por el tercero, así como una indemnización de 165.000 euros para la viuda de Alfonso y 152.000 y 147.000 euros para cada una de las hijas. Para Benita y Rosa, las trabajadoras de la oficina, 10.000 y 3.000 euros, respectivamente. 

Por su parte, la acusación ejercida por la familia de Alfonso y La Caixa solicitan 48 años de prisión en total para el acusado: 25 años de prisión por asesinato consumado, 14 por asesinato en grado de tentativa contra Benita y 9 años por un delito de amenazas, así como indemnizaciones económicas algo superiores que las solicitadas por la Fiscalía. 

La defensa

La defensa, por su parte, considera que no existe delito alguno porque el acusado "sufría un trastorno psíquico grave que le impedía comprender la ilicitud de los mismos al sufrir una alteración profunda de la cognición y la voluntad". Solicitan además que se aplique la eximente muy cualificada por el reconocimiento de los hechos. 

Sin embargo, el informe forense de inimputabilidad solicitado por su abogado atendiendo a esa presunta alteración de la cognición dio el siguiente resultado: "En el momento de cometer los hechos el explorado podría haber padecido un trastorno depresivo no especificado como parte de un trastorno de ansiedad no especificado en el contexto de una situación de estrés laboral". "Este tipo de cuadros depresivos se caracterizan por su nula incidencia en las bases psicobiológicas de la imputabilidad (conciencia y voluntad)". El acusado, que se enfrentará a un juicio con jurado popular, lleva en la cárcel de Herrera de la Mancha en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos.