La situación de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat sentado en el banquillo del juicio del procés y al que la Junta Electoral Central ha permitido participar en un debate político por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), irrita a los presos de distintas cárceles, que sienten que hay una "población reclusa de primera y segunda división".
"Escuchan lo que ocurre en Lledoners (cárcel de Barcelona) y en otras cárceles y notamos su malestar. Sienten que hay un tratamiento distinto entre ellos y los delincuentes de 'cuello blanco'", explicó Adolfo Fernández García, presidente de CSIF Instituciones Penitenciarias, durante un acto informativo este martes en Madrid.
Los representantes del sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones aclararon que dan un trato igualitario a todos los presos, pero el simple hecho de que haya "cárceles como Soto del Real con módulos VIP" para políticos o empresarios encerrados por delitos de corrupción o que cada día lleguen "multitud de cartas para los presos preventivos del procés que alguien debe tramitar" les hace plantearse si hay diferencias entre unos internos y otros.
Interior les da la razón
Los representantes de CSIF hicieron estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que informaron de la respuesta del Ministerio de Interior a sus reclamaciones de seguridad.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha remitido un escrito al sindicato en el que reconoce que "a corto plazo" deben endurecerse las faltas y sanciones disciplinarias para asegurar la integridad de los empleados públicos y disuadir las continuas agresiones que sufren por parte de presos violentos.
Objetos punzantes requisados a los presos por los funcionarios de prisiones.
La noche de este lunes al martes, sin ir más lejos, dos funcionarios de prisiones sufrieron fracturas tras ser agredidos durante el traslado de un preso de módulo en la cárcel de Albocàsser (Castellón).
Funcionarios agredidos en la cárcel de Albocàsser, Castellón.
Según los datos que maneja el sindicato, la media de agresiones asciende a 17 por semana en los últimos meses. Por eso, el pasado 25 de marzo registraron una petición formal a Instituciones Penitenciarias para el endurecimiento de las sanciones y en la que también proponían una batería de medidas de seguridad, como la utilización de pistolas eléctricas por parte de los funcionarios, que ha sido rechazada.
Sin embargo, Instituciones Penitenciarias les insta a llevar una propuesta al Congreso de los Diputados y reconoce que "es evidente que algunas de las infracciones se encuentran obsoletas y requieren de una actualización".