El exconsejero madrileño Alfredo Prada tendrá que declarar el próximo 27 de marzo como investigado por las presuntas irregularidades en el proyecto de construcción del Campus de la Justicia de Madrid (CJM). El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, les ha citado a declarar a él, que fue consejero delegado de la sociedad y a otros tres técnicos: Isabelino Baños, director general técnico, Mariano José Sanz Piñar, subdirector y Alicio de las Heras, director del área financiera.
El juez atiende a la petición de la Fiscalía, que solicitó sus declaraciones, y les cita para el próximo 27 por las presuntas irregularidades cometidas en el proyecto "fantasma" de la Comunidad de Madrid que costó más de 100 millones de euros.
"No hubo control interno"
De la Mata señala que el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 concluye que la sociedad CJM "no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público".
"El informe pone de manifiesto, entre otros elementos, -continúa-, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, las deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado".
El juez destaca otra de las supuestas irregularidades que resalta el Informe de la Cámara de Cuentas en relación con el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del campus de la Justicia en 2007.
Según éste, CJM encomendó la elaboración del Informe de valoración de las ofertas que fundamentó la propuesta de la Mesa de contratación y la propia adjudicación a una persona, Isabelino Baños, que había estado vinculado laboralmente a la empresa que resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004. Asimismo, esta persona formó parte de la Mesa de contratación y fue el encargado de supervisar la correcta ejecución del contrato.
El auto también hace referencia a otros gastos de CJM, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, a 15.647 euros y en los que se aprecia una falta de información y documentación básica sobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que CJM abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar.