A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las vistas penales, en el juicio del 'procés' el tribunal no ha permitido la exhibición de las declaraciones que los acusados prestaron durante la instrucción. La ley procesal prevé expresamente interrogar al procesado "si en las declaraciones posteriores se pusiere en contradicción con sus declaraciones primeras o retractare sus confesiones anteriores" (artículo 405) y suele ser una buena baza para las acusaciones, que llevan subrayadas las manifestaciones sumariales de los encausados pensando hacia sus adentros "vas a quedar de pena, amigo".

Eso es lo que le hubiera ocurrido a Jordi Cuixart, el sonriente presidente de Òmnium Cultural, de no haber tenido la fortuna de que entre los miembros del tribunal esté el magistrado Luciano Varela, que ha convencido a sus colegas de que las declaraciones que hicieron ante el juez Pablo Llarena no sean leídas en la vista. Así sucede en los juicios con Jurado, cuya regulación inspiró Varela.

Ni quienes estaban en la sala ni los seguidores de OC que escucharon la declaración de su líder ante la pantalla gigante situada en la calle Diputación pudieron ilustrarse, así, de la versión que sobre el referéndum del 1-O y sobre el futuro de Cataluña dio Cuixart el 11 de enero de 2018 ante el juez Llarena a preguntas de su defensora, Marina Roig.

Pantalla gigante colocada en la calle por Òmnium./ Efe

Entonces dijo que "la gente quiere que se restablezca la normalidad y que todos hayan aprendido lo pasado en este período". "Si otro Govern quiere convocar otro referéndum está convencido de que no se va a producir y OC si no es pactado no lo va a haber. El único referéndum lo tiene que convocar el Estado".

"Como se quería hacer este último año no se va a volver a realizar, desde luego esto tiene que ser a medio plazo y en un escenario de tranquilidad. Hoy por hoy no hay manera de hacer un referéndum si no es convocado por el Estado y todo dentro de la legalidad", añadió.

Y concluyó reiterando "su voluntad de llegar a la normalidad lo antes posible y su firme compromiso con las leyes, la Constitución y la legalidad vigente".

Demoledor, de haberse podido escuchar. Roig saltó de inmediato para impedir que el fiscal Jaime Moreno metiera la tijera por esas costuras, el presidente Marchena cortó al representante del Ministerio Público y Cuixart hizo un paladino reconocimiento de que había mentido ante el juez instructor porque "la prioridad era salir de la cárcel al precio que fuera". Se comprende (llevaba en prisión tres meses) y además le asistía, como a todo acusado en España, el derecho a no decir la verdad. Pero la actitud tiene su coste en términos de credibilidad: ahora sabemos que el líder de Ómnium es capaz de decir ante un tribunal una cosa o la contraria según las "prioridades" que en cada momento se marque.

Llarena no le creyó y le mantuvo en la cárcel, entre otros motivos, por riesgo de reiteración delictiva. Hubo en la sala quien se acordó de esto cuando Cuixart renegó el martes de su falso 'arrepentimiento' y manifestó que "ante el dilema entre la suspensión [del referéndum] por el Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda: Òmnium siempre va a ejercer los derechos fundamentales". "Va a pasar otra vez lo mismo si aplican el 155 o apliquen lo que apliquen", auguró.

Urkullu, ¿testigo de la defensa?

El juicio ha entrado en su tercera semana en la fase testifical, que avanza a buen ritmo entre otros motivos porque varios testigos de la defensa se han negado a contestar a Vox y el tribunal los ha despachado conforme se sentaban. "No podemos permitir el precedente de que los testigos seleccionen a quién contestar", explicó Marchena con buen criterio.

También a petición de la defensa compareció el lendakari Íñigo Urkullu para detallar las labores de intermediación entre el Gobierno y la Generalitat que realizó entre junio y octubre de 2017 y que el día anterior no había querido explicar el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Pues nos lo contará el lendakari", le advirtió el defensor de Jordi Sànchez, Jordi Pina.

Urkullu describió a un Rajoy vacilante ("no era muy dado a aplicar el 155"), que le escuchó pero "no tuvo una actitud proactiva para encauzar la situación".

Sin embargo, su testimonio dejó cargas de profundidad que no favorecen la tesis de las defensas. Habló de la existencia de una "fractura social", de una creciente "crispación social", de que después de los incidentes del 20 de septiembre vio que "todo se estaba yendo de las manos"....conceptos nada compatibles con el "pacifismo" y la "normalidad democrática" que sostienen los acusados.

Para remate, Urkullu dejó claro que quien rompió la baraja fue Puigdemont : "El 26 de octubre me llamó y me dijo que la gente que tenía en la Plaza de San Jaume se le estaba rebelando y que tenía presión de Junts pel Si y que no podía proceder a disolver el Parlament y convocar elecciones, que es lo que se había acordado". Y así se llegó a la declaración unilateral de independencia.