Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado y exvicepresidenta del Gobierno, dominó por completo la escena hasta que, a la hora y medio de interrogatorio ante el tribunal que juzga a los líderes del 'procé', el abogado Jordi Pina le preguntó por Piolín.

La testigo había dicho, a preguntas de la acusación que ejerce Vox, que a la vista de las "actuaciones violentas" que se habían producido el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, el Gobierno de Rajoy había decidido enviar a Cataluña a 6.000 guardias civiles y policías, algunos de ellos alojados en el buque Moby Dada, apodado Piolín por llevar pintado en el casco el personaje animado de los Looney Tunes.

"Mire, no entiendo una cosa. ¿Cómo es posible que el barco solicitara atraque en el puerto de Palamós el 19 de septiembre?", soltó el abogado de Jordi Sànchez. El defensor ponía, así, de relieve que el envío del contingente policial a Cataluña no podía estar vinculado a los incidentes del 20S ni a ninguna situación de violencia, el concepto clave del delito de rebelión por el que acusa la Fiscalía.

Sáenz de Santamaría se desvinculó de los detalles operativos policiales desplegados en Cataluña ("no eran mi competencia"), lo que contrastó con la firmeza con la que había defendido hasta ese momento la crítica situación de "quiebra del orden constitucional" que se produjo en Cataluña en septiembre y octubre de 2017.

Un rotundo discurso basado, de un lado, en el "riesgo grave de derogación de la Constitución en Cataluña" y, de otro, en un Gobierno catalán "irresponsable" al que no le importó generar situaciones de violencia "al mandar a murallas humanas para impedir que policías y guardias civiles cumplieran las ordenes judiciales" apuntalaron los dos ejes que conforman la más grave acusación que se dirime en el juicio del 'procés', que este miércoles ha entrado en su fase testifical.

De paso, Sáenz de Santamaría lanzó varias pullas políticas: al PSOE ("ningún Gobierno democrático puede prestarse a dialogar sobre cuestiones que afectan a la soberanía nacional") y a los propios independentistas, "que estaban interesados en hablar sólo del referéndum y no de la grave situación económica y financiera en la que estaba Cataluña".

La exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy respondía rauda, con brillantez, sonriendo y extendiéndose en las respuestas hasta que llegó Piolín y, sobre todo, hasta que al final de su comparecencia la defensora de Carme Forcadell, Olga Arderiu, le recordó que unos minutos antes había afirmado que "lo que no se publica oficialmente no tiene eficacia jurídica".

"¿Sabe si la declaración de independencia se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat?". La pregunta era nuclear. Sáenz de Santamaría había defendido durante su comparencia que se había aplicado, por primera vez en la historia, el artículo 155 de la Constitución "porque la declaración unilateral de independencia no fue simbólica".

La exvicepresidenta intentó soslayar la cuestión de la defensora recordando que Rajoy envió a Carles Puigdemont un requerimiento en el que le instaba a manifestar si había proclamado o no la independencia y, en caso de haberla proclamado, para que la dejara sin efecto. El expresidente catalán no hizo ni lo uno ni lo otro.

Pero la letrada insistió: "Entonces ¿sabe si la DUI se publicó oficialmente?". "Puigdemont podía haber dicho que no la había declarado", esgrimió la testigo. La letrada se quejó de la falta de respuesta y el presidente el tribunal, Manuel Marchena, optó por zanjar la controversia, preguntando directamente a Sáenz de Santamaría "si le consta el acto formal de la publicación". La exvicepresidenta del Gobierno sólo dijo "no lo sé".