Bankia busca acogerse a la denominada 'doctrina Botín' para acotar el juicio por la salida a Bolsa de la entidad en el año 2011 a los cuatro ex altos cargos a los que acusa la Fiscalía: el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero delegado Francisco Verdú Pons y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella.
Intentará evitar así el juicio contra las entidades Bankia, Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y Deloitte así como contra los otros 31 procesados, entre quienes se encuentran personas que siguen ocupando cargos de responsabilidad en la entidad.
La acusación particular, además de la Abogacía del Estado, la ejercen hasta 16 afectados o grupos de afectados representados, entre otras, por las asociaciones Adicae y Aemec. Precisamente Bankia duda de la legitimidad de estas asociaciones para continuar ejerciendo la acusación pues, según expondrán durante las cuestiones previas del juicio, a lo largo de la instrucción representaron a miles de usuarios que ya han recuperado el dinero de sus acciones. Sólo 170 personas, según la entidad, no han recuperado su dinero y, en este caso, Bankia asegura que tiene consignados en una cuenta dos millones de euros para afrontar dichos pagos; el montante que estiman que faltaría por asignar.
De ahí que los representantes legales de Bankia busquen que sólo las acusaciones populares ejercidas por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General de Trabajadores (CGT) continúen acusando a Bankia y a su matriz BFA para poder solicitar así la aplicación de la denominada 'doctrina Botín' por la que no se pueda juzgar a quienes no sean acusados por la acusación particular o el Ministerio Fiscal.
En este sentido, Bankia expondrá durante los primeros días del juicio sus dudas sobre la acusación particular y la base jurídica en la que están sosteniendo la acusación penal sobre la entidad.
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Nulidad de pruebas
La defensa de Bankia también pedirá la nulidad de pruebas relevantes para el caso, como son los informes de los peritos del Banco de España que sostuvieron que las cuentas de la entidad fueron falseadas antes de salir a Bolsa.
Respecto a los hasta seis informes periciales, defenderán que en ellos se ha violado el principio de objetividad por las distintas metodologías utilizadas en estos, que llevan a que haya valoraciones con una desviación de entre 500 y 1.000 millones de euros, según la entidad.