El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso enmiendas para la reforma de la justicia universal en las que plantea volver a la regulación introducida por el Gobierno del PSOE en 2009. En términos políticos ello significa el fracaso de un proyecto prioritario de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para reimplantar una jurisdicción universal ilimitada sobre la base de la propuesta elaborada por una comisión de expertos designada por ella, que ha quedado en agua de borrajas.

La justicia universal es el objeto de una proposición de ley orgánica presentada por ERC en julio de 2016 cuyo plazo de enmiendas, sucesivamente ampliado, terminó en la noche del pasado martes.

Justicia intentó hasta el último momento que las enmiendas a suscribir por el Grupo Socialista recogieran el planteamiento de la comisión nombrada por Delgado e integrada por Manuel Vergara, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón; el abogado Manuel Ollé, el catedrático de Derecho Penal Hernán Ormazábal y el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.

Sin embargo, el criterio que se ha impuesto ha sido el del Ministerio de Asuntos Exteriores -avalado por otros departamentos como la propia Vicepresidencia del Gobierno- que consiste en retomar el modelo de justicia universal que implantó el ministro Francisco Caamaño en 2009.

De acuerdo con esta regulación, para que la Audiencia Nacional española pueda perseguir crímenes de Derecho Internacional y otra serie de delitos cometidos fuera de nuestras fronteras debe quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España.

En todo caso, además, debe constatarse que en otro país competente o en un Tribunal internacional no se ha iniciado un procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de esos crímenes.

Conexión con España

La primera enmienda presentada por los socialistas se expresa en esos mismos términos. "La exigencia de un vínculo o conexión entre los hechos y un valor o interés del Estado que ejerce jurisdicción constituye un razonable criterio de autorrestricción para evitar el exceso o abuso de derecho y la proliferación de procesos por delitos totalmente extraños o alejados", argumentan.

Justicia no sólo no quería que la jurisdicción extraterritorial de la Audiencia Nacional quedara condicionada (a que la víctima sea española o a que el presunto autor del delito esté en España o a que haya algún vínculo con España del crimen a depurar) sino que pretendía ampliarla a más delitos. Y, sobre todo, prescindía del principio de subsidiariedad, rechanzando supeditarla a que otros tribunales ya estén conociendo de los hechos.

Ese planteamiento fue objeto de un durísimo informe del Ministerio de Borrell, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL. Para Exteriores, esa falta de condiciones es una "seria deficiencia de la propuesta [de Justicia], ya que no asegura el ejercicio efectivo y eficiente de la jurisdicción universal e introduce elementos que pueden afectar directa y gravemente a las relaciones internacionales del Estado". España ha tenido conflictos con países con China, Israel o Estados Unidos por la apertura en la Audiencia Nacional de procesos penales contra autoridades de esos países. 

El dictamen de Exteriores advertía de que la jurisdicción universal se enfrenta a "serios problemas prácticos" en su aplicación efectiva ya que depende de mecanismos de cooperación y asistencia judicial que no siempre funcionan, lo que desemboca en la imposibilidad de continuar el procedimiento judicial en España, "con el consiguiente desprestigio para la institución de la jurisdicción universal y decepción para las víctimas".

Un modelo "eficaz"

Según Exteriores, para garantizar la eficacia y lograr el objetivo último de la jurisdicción universal es preciso "asegurar que hay un tribunal español competente para enjuiciar los más graves crímenes de trascendencia internacional cuando no exista otro tribunal extranjero o internacional que tenga mejor título o esté mejor situado para ello, o cuando -en caso de existir dicho tribunal- no quiera o no pueda hacerlo".

Esta posición es la que se ha plasmado en las enmiendas del Grupo Socialista, en las que se propone tumbar la reforma de la justicia universal introducida por el Gobierno del PP en 2014 y volver a implantar el modelo de 2009.

Para el PSOE, la regulación vigente desde hace cuatro años supone "un retroceso en el combate contra las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la jurisdicción universal".

En la actualidad, la competencia extraterritorial de la Audiencia Nacional sólo es posible si hay una víctima española y el autor es español o un extranjero que se encuentre en España pero cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.

Las enmiendas del PSOE señalan que "de su aplicación derivó la puesta en libertad de más de una cincuentena de narcotraficantes detenidos tras cometer graves delitos, que de haber sido juzgados por los tribunales españoles habrían comportado penas muy graves".

Recogiendo el planteamiento de Exteriores frente al de Justicia, las enmiendas socialistas defienden que la ley de 2009 "introdujo una importante racionalidad en la regulación y el planteamiento" de la justicia universal, "adaptándola al principio de subsidiariedad y a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.

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