El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demada civil interpuesta en Bruselas por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, todos ellos prófugos de la Justicia española.

Una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, en el que se han valorado tres ofertas, la documentación ha sido remitida este jueves a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete han firmado el contrato.

Un comunicado del Ministerio de Justicia ha informado de que el valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que esa cifra es presupuesto máximo, al que no se llegará si el proceso termina en la fase inicial de admisión, como se intentará hacer al sostener que el juez belga carece de competencia para inmiscuirse en la jurisdicción soberana española.

El comunicado añade que el bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick "asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo".

Fundado en 1965, Liedekerke es un prestigioso bufete belga especializado en litigios internacionales. Entre otros reconocimientos, recibió el Chambers Europe Awards en 2016 como la mejor firma legal belga.