El empresario español-colombiano Carlos Mattos, exrepresentante en Colombia de la multinacional de vehículos Hyundai, ha acudido este sábado a un notario de Madrid para dejar constancia fehaciente de que está disposición de la Justicia.
Fuentes próximas a la defensa del empresario han explicado que Carlos Mattos, accionista de EL ESPAÑOL con un porcentaje que ronda el 3% del capital social y que se encuentran en Madrid desde hace días (es nacional español y tiene su residencia familiar en la capital), ha dado este paso después de comprobar que la Audiencia Nacional no tiene constancia de la orden de detención internacional que, según distintos medios de comunicación colombianos, han cursado las autoridades del país suramericano por supuestos delitos cometidos durante la tramitación de un litigio judicial relacionado con Mattos.
Según informa Efe citando al diario colombiano El Espectador, la orden internacional de detención la ha emitido un juez de control de garantías que señala al empresario como responsable de cometer los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.
El asunto se remonta a 2015, cuando la compañía coreana Hyundai Motor Company decidió retirar a la empresa de Mattos, Hyunday Colombia, la representación de la marca en el país suramericano. Mattos demandó ante la Justicia colombiana a la multinacional con el objetivo de que se le reparara por los daños ocasionados.
Dos meses después de presentar la demanda, el juez Reinaldo Huertas dictó una medida cautelar por la que, mientras se falla sobre el fondo del pleito, Hyunday no podía comercializar sus vehículos con una compañía diferente a la de Mattos.
Fuentes de la defensa del empresario, ejercida por el bufete Gómez de Liaño&Márquez de Prado, subrayan que la medida cautelar no fue inocua para Mattos, ya que el juez Huertas la condicionó a que previamente prestara una fianza de 35 millones de dólares (30 millones de euros).
La Fiscalía sospecha que, a cambio de sobornos, distintos funcionarios e ingenieros adscritos a la oficina judicial ayudaron a acelerar la tramitación del pleito y alteraron el sistema de reparto informático para que la demanda cayera en manos de Huertas.
Según Semana, la Fiscalía sostiene que por manipular el reparto se habrían desembolsado 120 millones de pesos (32.000 euros) para los funcionarios que manejaban el reparto en los juzgados de Paloquemao. Siete personas han sido detenidas, algunas de las cuales habrían reconocido los hechos.