La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, ha acordado este jueves la prisión incondicional y comunicada del exministro del PP y expresidente del Gobierno valenciano Eduardo Zaplana, detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Erial.
La medida cautelar ha sido pedida por la Fiscalía Anticorrupción tras la declaración prestada por el investigado debido a los indicios, que considera sólidos, de un presunto delito de blanqueo de capitales.
La juez considera que hay riesgo de fuga del exministro del PP, sobre todo, tras encontrar documentación sobre un supuesto desvío de fondos en un maletín que ha sido intervenido en uno de los registros. Estos papeles no serían los mismos que los que entregó el empresario sirio en la antigua casa de Zaplana y podrían estar relacionados con la adjudicación de las ITV y de parques eólicos cuando él era presidente, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
Precisamente, la investigación se centra en adjudicaciones de contratos millonarios realizadas en la época en la que Zaplana presidía el Gobierno valenciano: la concesión de ITV en un concurso que tuvo lugar en 1997 y el Plan Eólico valenciano adjudicadas en 2001.
Zaplana guardaba en Luxemburgo, Panamá, Uruguay y Londres cerca de 10,5 millones de euros
Zaplana ha abandonado la Ciudad de la Justicia de Valencia poco antes de las 21.00 horas camino de la prisión de Picassent (Valencia).
Los investigadores sospechan que Zaplana ocultó en paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay comisiones ilegales que habría obtenido en esas dos adjudicaciones y que en los últimos años ha ido repatriando a España desde Luxemburgo. Las cifras apuntan a un patrimonio de más de diez millones de euros.
En el entramado figuran otros nombres clave, detenidos el pasado martes en el marco de la operación Erial. Juan Francisco García, jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, figuraba como presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones investigadas, según apuntan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación. Por otra parte, la Guardia Civil señala a Joaquín Barceló, ex director general de Turismo de la Generalitat, y a la mujer de éste, Felisa López, como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.
Los hermanos José y Vicente Cotino -sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino, citado como investigado en esta misma causa- representan una pieza fundamental en las pesquisas: empresarios y personas de confianza de Zaplana, fueron quienes obtuvieron las concesiones (o parte de ellas) del servicio de la ITV y del VI zona del Plan Eólico valenciano.
Tanto en el caso de la privatización de las ITV, realizada en 1997 durante el mandato de Zaplana al frente de la Generalitat, como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino.
El denominado caso Erial saltó a los medios de comunicación este martes con la detención en Valencia del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ese mismo martes, Zaplana estuvo presente en los registros que los agentes de la UCO realizaron en su casa en Valencia por la mañana y, por la tarde, en su chalet de Benidorm. Tras pasar la noche en los calabozos del cuartel de Patraix, el expresident de la Generalitat y ex ministro de Trabajo fue trasladado el miércoles a Madrid para asistir al registro de una vivienda y un despacho en la capital de España.
Este jueves, los detenidos e investigados se acogieron a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil y, con las diligencias instruidas, fueron trasladados ante la titular del juzgado de Instrucción número 8.
Esta causa se inició en 2015 por el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de unos papeles con suficientes indicios de presuntas actividades delictivas de Zaplana que fueron aportados por Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", investigado por la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana y que en esa época decidió colaborar con la Justicia.
Ese documento, al parecer manuscrito por el propio Zaplana, acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos e inició una investigación que ha llevado el Juzgado número 8 de Valencia y que el martes permitió el arresto, entre otros, del expresidente de la Generalitat y exministro.
La lista de investigados en este caso se completa con el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, Rosa Barceló, mujer de Zaplana, y Mitsuko Henríquez, secretaria personal de Zaplana.