La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado asumir la investigación del Juzgado de instrucción número 3 de Cornellá de Llobregat, como éste había reclamado, contra el exmayor de los Mossos d'Esquada, Josep Lluis Trapero, y otros siete responsables de la Policía catalana por las pautas de actuación que redactaron para dar cumplimiento a las órdenes de la Justicia catalana de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre.
A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó impedir la votación, "la prefectura de los Mossos d'Esquadra se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden del TC y del TSJC camuflando tales intenciones bajo la apariencia de una preferente aplicación de los criterios de congruencia, participación, paz social y convivencia", según el Juzgado de Cornellá.
Lamela argumenta que rechaza asumir la causa para "evitar investigaciones complejas que pueden dilatarse en el tiempo", así como explica que si tuviera que ocuparse de todas las investigaciones abiertas contra miembros de los Mossos d'Esquadra, sería "total y absolutamente imposible" de abarcar. Explica también que, al igual que el Ministerio Fiscal, no ve conectividad entre los hechos investigados en Cornellá y los que investiga la Audiencia Nacional, que ya ha comunicado tanto a Josep Lluis Trapero como al jefe político de los Mossos, Pere Soler, el exnúmero dos de la Consejería de Interior catalana, César Puig y la intendente Teresa Laplana, su procesamiento por los delitos de organización criminal y sedición.
Cargas policiales durante el referéndum del 1-O
Los hechos investigados
El juzgado de Cornellá de Llobregat comenzó a investigar a Trapero y otros ocho responsables de los Mossos por la redacción de las pautas que hicieron para seguir las órdenes del TSJC.
Según éste, al aplicar los valores de "paz social y convivencia" lo que pretendían era obedecer a las intenciones políticas de los responsables del procés. Así, dicho juzgado expone que los Mossos "no son jueces ni intérpretes de jueces" sino cumplidores de sus órdenes y que si hubieran querido evitar la votación "es inexplicable que se llamara al servicio a la mitad de cuerpos, unos 7.500 efectivos, cuando consta de 17.000, y cuando en unas elecciones normales prestan servicio unos 12.000 miembros" así como "permitieran vacaciones y fiestas de un número importante de unidades antidisturbios".