El expresidente catalán Artur Mas se encuentra pendiente desde hace meses de que la Sala Penal del Supremo resuelva el recurso de casación que interpuso contra la sentencia que le condenó por desobedecer al Tribunal Constitucional al celebrar la consulta independentista del 9N en vez de paralizarla, como había ordenado el TC.
Mas fue condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 13 de marzo de 2017. Dos integrantes de su gobierno, Joana Ortega e Irene Rigau, resultaron también condenadas a penas inferiores de inhabilitación como cooperadoras necesarias del delito de desobediencia.
La tramitación de los recursos en la Sala Penal terminó hace tiempo y la vista hubiera podido ser señalada hace semanas. Se esperó para que no coincidiera con el conflicto político en Cataluña y ahora el problema es que son necesarios cinco magistrados que no hayan tenido relación con el asunto. Por distintas circunstancias, no los hay.
La Sala Penal, formada por 15 magistrados, no dispone en estos momentos nada más que de 11. Hay dos vacantes de magistrados que se encuentran en situación de servicios especiales por desempeñar otros cargos (Cándido Conde-Pumpido, juez del TC, y Julián Sánchez Melgar, fiscal general), otra creada por el fallecimiento de José Manuel Maza y una más por la reciente jubilación de José Ramón Soriano.
Seis de esos 11 magistrados en activo no podrán formar parte de la Sala que fallará sobre el recurso de Mas porque integraron el tribunal que condenó por los mismos hechos a Francesc Homs. Al exconsejero de Presidencia de Mas se le impuso una pena de un año y un mes de inhabilitación que le costó su cargo de diputado en el Congreso y portavoz del grupo del PdCat.
El presidente de la Sala, Manuel Marchena, presidió ese tribunal y fue ponente de la sentencia, por lo que no intervendrá en el caso de Mas. Tampoco lo harán Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Ana Ferrer. El séptimo magistrado que juzgó a Homs, Soriano, está jubilado.
La Sala ha decidido ser muy escrupulosa en la conformación de la Sala que examinará la condena del expresident para que no se pueda alegar ningún tipo de 'contaminación', cuestión a la que es muy sensible el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ese motivo también se ha descartado a Pablo LLarena, instructor del proceso abierto por rebelión a Carles Puigdemont, entre otros. Y, finalmente, tampoco se puede contar con los eméritos, que han cesado por disposición legal.
Quedan, por tanto, cuatro magistrados (Luciano Varela, Alberto Jorge, Antonio del Moral y Andrés Palomo) que pueden integrar la Sala para resolver los recursos de Mas, Ortega y Rigau, número insuficiente incluso si la Sala está integrada por cinco miembros y no por siete, como en el caso de Homs.
El TS está a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial cubra la vacante de Soriano, lo que en principio se producirá esta semana, para poder meter en calendario la deliberación del recurso del expresident de Cataluña.