Los fiscales de Sala Consuelo Madrigal y Jaime Moreno insistirán este viernes en que los exconsejeros de Carles Puigdemont encarcelados desde el pasado día 2 permanezcan en esta situación si ante el juez del Supremo Pablo Llarena se limitan a acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y no van "mucho más allá".

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Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Jordi Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn serán trasladados esta mañana desde los centros penitenciarios de Estremera y Alcalá-Meco al Tribunal Supremo tras pedir al instructor que revise su situación de encarcelamiento incondicional. También están citados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, en prisión desde el 16 de octubre por decisión de la jueza Carmen Lamela. La instructora de la Audiencia Nacional ha remitido esta semana al Supremo su investigación por rebelión, de manera que ahora es el alto Tribunal el competente para decidir si les aplica o no la vía Forcadell.

Para la Fiscalía, el riesgo de reiteración delictiva que determinó el encarcelamiento de todos ellos no se atenúa por el mero acatamiento de las medidas adoptadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155. "No tenían otro remedio que cesar", señalan fuentes del Ministerio Público, que consideran que lo relevante este viernes es si los exconsejeros, Sánchez y Cuixart "acatan la legalidad constitucional y renuncian de forma clara a imponer la independencia por la vía unilateral, que es lo que han hecho hasta el día antes de ir a prisión".

A su juicio, ésa es la interpretación de la resolución dictada por Llarena respecto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exmiembros de la Mesa investigados, en la que el instructor "vino a decir que no era suficiente acatar el 155 sino renunciar a cualquier actuación fuera del marco constitucional". Llarena entendió que esa renuncia fue expresada sin ambages por los investigados del Parlament y por ello eludieron la prisión.

Si los exconsejeros, Sánchez y Cuixart no renuncian "con claridad" a actuar fuera de la legalidad constitucional, señalan las fuentes consultadas, la Fiscalía informará a favor de que se les mantenga en prisión al no haber desaparecido el riesgo de reiteración del delito. Este criterio ha sido trasladado, para su conocimiento y como mera deferencia, al futuro fiscal general, Julián Sánchez Melgar.

Discursos distintos

Los investigados no afrontan la comparecencia ante el juez del Supremo con discursos uniformes. Los exconsejeros de ERC han modelado su posición intentando que la aceptación de sus ceses en virtud del artículo 155 y el anuncio de que defenderán sus convicciones políticas por vías "estrictamente pacíficas y democráticas" sea suficiente para revertir la prisión.

En el escrito por el que pidieron a Llarena su puesta en libertad, Junqueras, Romeva, Bassa y Mundó no hacían una renuncia explícita a la independencia unilateral ni tampoco un acatamiento de la legalidad constitucional, pero las contestaciones a un interrogatorio oral permiten introducir matizaciones.

Otros investigados como Forn, del PdCat, no sólo harán valer que cesó sin resistencia como consejero de Interior sino que afirmará que la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre carecía de eficacia jurídica y, además, manifestará que su propósito político es alcanzar una reforma constitucional para lograr la independencia de Cataluña por los cauces establecidos en la propia Constitución