El Tribunal Constitucional inicia este martes una reunión ordinaria que se prolongará hasta el jueves y en la que puede plantearse la imposición de multas coercitivas a los miembros de la sindicatura electoral catalana, un órgano creado por la ley de referéndum para actuar como 'junta electoral' de la consulta secesionista anunciada para el 1 de octubre.

Noticias relacionadas

El orden del día de la reunión del TC incluye el debate del incidente de ejecución iniciado por el tribunal el pasado viernes tras advertir "el incumplimiento de la providencia 7 de septiembre" por parte de la sindicatura. En esa providencia el Constitucional acordó suspender la ley de referéndum, una medida cautelar que, además de publicarse en el BOE, fue notificada a Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge, Josep Pagés, Josep Costa y Eva Labarta, nombrados por el Parlament como titulares y suplentes de la sindicatura, un órgano clave para la preparación y celebración del referéndum.

A todos ellos se les advirtió de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" y, en particular, se les ordenó que se abstuvieran de "proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación".

Pese a la suspensión, la sindicatura ha seguido dando pasos imprescindibles y determinantes para la organización de la consulta, entre ellos precisamente lo que había vetado el TC de forma expresa: nombrar los miembros de las sindicaturas de demarcación en las cuatro provincias y en Arán.

Además, la sindicatura ha ampliado el plazo para constituir las mesas electorales, permitiendo que la notificación a los ciudadanos de su 'nombramiento' como 'presidentes' y 'vocales' de las mesas de votación pueda retrasarse hasta el martes 26 en vez de concluir, como preveía la ley de referéndum, el 15 de septiembre. Este plazo inicial expiró sin que los organizadores del referéndum secesionista fueran capaces de comunicar esas designaciones.

El pasado miércoles, el TC abrió el incidente que regula el artículo 92.4 de su ley orgánica, en el que se prevé que, antes de adoptar medidas ante posibles incumplimientos de los mandatos del tribunal, se abra un trámite de audiencia a los implicados. El Constitucional dio un plazo de 48 horas a los siete miembros de la sindicatura para que justificasen su actuación, pero ninguno de ellos ha contestado.

De 3.000 a 30.000 €

La imposición de multas coercitivas -que pueden reiterarse hasta que acaten la suspensión de la ley de referéndum- es una de las medidas que contempla el artículo 92.4. Pueden oscilar entre los 3.000 y los 30.000 euros de acuerdo con la actualización de las cuantías efectuada por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el PP aprobó en octubre de 2015.

En el tribunal se da por seguro, además, que los magistrados acordarán deducir testimonio contra la sindicatura para que se les exija responsabilidad penal. Ésta es una medida ya adoptada por el TC respecto a la presidenta del Parlament y otros miembros de la Mesa por anteriores desobediencias.

Los integrantes de la sindicatura ya han sido objeto de una querella interpuesta la pasada semana por la Fiscalía de Barcelona y turnada este lunes al Juzgado de Instrucción número 15, que debe decidir sobre su admisión. La deducción de testimonio por parte del TC no se traducirá, por tanto, en una acción penal que ya ha sido realizada pero servirá para dar fortaleza a la querella, en la medida en que la propia institución desobedecida aprecia la necesidad de exigir responsabilidad penal.

Las multas serán un paso más en la respuesta del Constitucional al -hasta ahora imparable- desafío independentista. El TC no ha puesto por el momento sobre la mesa una medida aún más drástica como es la suspensión de funciones del presidente del Govern, Carles Puigdemont, o de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Aunque la reforma legal del PP introdujo ese misil entre el armamento que puede utilizar el TC para hacer cumplir sus resoluciones, en el tribunal existe una enorme resistencia a poner en marcha una medida poco acorde con la naturaleza de los tribunales constitucionales y que afectaría a cargos elegidos democráticamente.

La cautela del TC no es del agrado de miembros del Gobierno de Rajoy, que querrían un tribunal más agresivo. Pero desde el Constitucional se replica que el Ejecutivo tiene mecanismos igual o más efectivos dentro de su ámbito de competencia y que no ha utilizado.