"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al infractor en su carrera". La frase atribuida a Horacio podría ser un buen consejo para los promotores del proceso independentista catalán, que en esta semana decisiva para la articulación del anunciado referéndum separatista están comprobando lo difícil que resulta construir cualquier cosa frente a la ley. El procés choca por ello permanente contra las instituciones del Estado -y también contra algunas propias de Cataluña, como el Consell de Garanties Estatutàries-, contra la legalidad estatal y la de la propia comunidad autónoma.
Tribunal Constitucional
Es la principal fuerza de choque ante los pasos hacia la independencia dados desde la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán. El TC no sólo ha anulado cada uno de los desarrollos de esa declaración sino que también ha adoptado medidas insólitas en su historia, como la deducción de testimonio por desobediencia para que se exijan responsabilidades penales. Esto ha dado lugar a la iniciación de procesos penales contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa.
Una ley aprobada por el PP en octubre de 2015 reforzó las medidas a disposición del TC para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. De momento, el tribunal no ha pasado del apercibimiento de responsabilidad penal y la deducción de testimonio.
Tampoco el Gobierno le ha pedido que vaya más allá. En La Moncloa se sabe que medidas más contundentes, como la suspensión de funciones a las autoridades que incumplan las resoluciones del Constitucional, fracturarían al tribunal y acabarían con la unanimidad con la que hasta ahora el TC ha hecho frente al desafío secesionista, una unanimidad que le ha dado prestigio y ha fortalecido sus resoluciones.
El incidente de ejecución presentado este miércoles contra la toma en consideración de la proposición de ley de referéndum no reclama más decisiones que la anulación del acuerdo parlamentario y, de nuevo, la deducción de testimonio contra Forcadell y miembros de la Mesa.
Se trata, además, de un incidente que ya se ha visto superado por los acontecimientos tras la aprobación de la ley del referéndum. En el TC se interpreta, por ello, que el incidente de ejecución, más que una efecto práctico, persigue afianzar la percepción de ilegalidad del procès y reforzar la respuesta penal por desobediencia.
Tribunal Superior de Cataluña
Es el encargado de las diligencias penales iniciadas contra Forcadell y otros miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, que pronto cumplirán un año de tramitación. La primera de las querellas, interpuestas por la Fiscalía, fue admitida a trámite el 24 de octubre de 2016 y continúa en instrucción. Los delitos que se investigan -desobediencia al TC y prevaricación- conllevan penas de inhabilitación, lo que supondrían apartar de sus cargos a Forcadell y los políticos que resultasen condenados.
El TSJC tiene también en sus manos el proceso penal abierto a una consejera de Puigdemont, Meritxell Borràs, por impulsar la contratación de urnas para el referendum. A diferencia de los procesos contra Forcadell, el de Borràs se ha abierto por un delito que conllevaría penas de prisión: malversación de fondos públicos.
La Fiscalía ha anunciado este miércoles otra querella contra la presidenta del Parlament por admitir a trámite la proposición de ley de referéndum, lo que considera constitutivo de delitos de desobediencia y prevaricación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido también el responsable del primer fallo condenatorio relacionado con el proceso soberanista, dictado contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, contra la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9N. El exconsejero Francecs Homs fue condenado por el Tribunal Supremo por los mismos hechos.
Tribunal de Cuentas
Tramita un expediente de responsabilidad contable que se ha revelado decisivo: de prosperar -y hay serias posibilidades de ello- obligará a Mas y a sus exconsejeros a devolver con su patrimonio personal el dinero público indebidamente empleado en la votación del 9N.
Los cuatro políticos y siete cargos de la Generalitat que intervinieron en la contratación de servicios para esa consulta están citados ante el Tribunal de Cuentas el próximo día 25 para conocer la liquidación provisional del alcance, esto es, la cuantía que, en caso de sentencia condenatoria, tendrán que retornar el erario público.
Investigación del referéndum
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona lleva a cabo desde el pasado febrero unas diligencias, que ha declarado secretas, sobre los preparativos para el referéndum del 1-O. El proceso se ha iniciado por denuncias del abogado Miguel Durán y del partido Vox y afecta, por primera vez, a mandos intermedios del Govern y a funcionarios.
Los jueces de Cataluña
Los miembros del Poder Judicial en Cataluña han dejado claro que están sometidos a la Constitución y a la ley. Este miércoles, las secciones catalanas de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente hicieron público un comunicado en el que expresan su preocupación por la "deriva del bloque independentista, que declara abiertamente su intención de subvertir el orden constitucional arguyendo una falsa legitimación democrática".
Las organizaciones judiciales anuncian que "nuestra obligación como jueces y magistrados será no aplicar" ni la ley de referéndum ni la ley de transitoriedad, "así como ninguna disposición o resolución administrativa que derive de ellas".
Consejo de Garantías Estatutarias
Esta institución, integrada por juristas propuestos por el Parlamento catalán y por el Govern, puso este miércoles frente al espejo de la ilegalidad a los diputados de Junts pel Sí y la Cup, que impusieron privar a la oposición del dictamen del Consell sobre la proposición de ley del referéndum.
En un informe redactado en horas, el Consejo de Garantías Estatutaria acordó comunicar al Parlamento de Cataluña que, de acuerdo con el Estatuto catalán y la ley que creó el Consell, es obligado abrir un plazo para que se pueda pedir un dictamen sobre cualquier proposición de ley admitida a trámite.
La legalidad del Parlament
El letrado mayor de la Cámara catalana, Antoni Bayona, y el secretario general, Xavier Muro, se han negado este miércoles a participar en la tramitación de la ley de referéndum y han advertido de que su admisión a trámite es ilegal y supone desobedecer al TC.
El Gobierno
Además de recurrir al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo de la Nación dispone de varios mecanismos jurídicos para garantizar la vigencia de los principios constitucionales. El artículo 155 de la Carta Magna permite la adopción por el Gobierno de las “medidas necesarias” en el caso de que una comunidad autónoma “no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España”.
La Ley de Seguridad Nacional faculta al presidente del Gobierno para dictar un real decreto disponiendo los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a una "situación de interés para la seguridad nacional".