El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha decidido devolver la causa en la que se investiga la presunta financiación irregular de la antigua Convergencia, CDC, a los dos fiscales que iniciaron la investigación conocida como 'caso 3%'.



Luzón revoca así una de las decision de su antecesor en el cargo, Manuel Moix, quien tuvo que dimitir tras publicarse que poseía una sociedad familiar en Panamá.

Moix decidió que los fiscales Jode Grinda y Fernando Bermejo dejaran de llevar el asunto para que se encargaran fiscales destinados en Barcelona, por la proximidad del Juzgado, en el Vendrell (Tarragona).



Sin embargo, otras fuentes consideran que la verdadera razón de retirar la causa fue por la mala sintonía de Moix con los fiscales responsables del asunto.



Ahora, Luzón ha acordado en un decreto, y así se lo ha comunicado al fiscal General del Estado, José Manuel Maza, quien ha mostrado su conformidad para dejar sin efecto el decreto acordado por Moix en abril, y en el que se fijaba la destitución de los dos fiscales.



Según la Fiscalía, el Decreto ahora dictado recuerda las circunstancias que en su día motivaron la decisión de sustitución, destacadamente la mayor facilidad para la asistencia de los fiscales residentes en la población en que se encuentra la sede del órgano judicial a las frecuentes diligencias de instrucción señaladas, la mejor distribución de la carga de trabajo entre los distintos fiscales y la asunción por los fiscales delegados de un mayor protagonismo en los asuntos tramitados en Juzgados territoriales de su competencia.



El fiscal jefe, "sin detrimento de los motivos que determinaron la sustitución, estima que estos deben ceder ante otras consideraciones de mayor peso: la antigüedad del procedimiento, el tiempo y esfuerzo ya dedicado a la preparación y estudio por los fiscales encargados, que han continuado a cargo del procedimiento durante los meses transcurridos desde que en abril se adoptó la decisión de sustitución y la dificultad de los nuevos fiscales para afrontar tan complejos procedimientos en curso partiendo de cero".



Para Luzón, estas razones están en la base del principio general de vinculación del fiscal al procedimiento informado anteriormente que preside con carácter general la organización de trabajo de las fiscalías, conforme a la Instrucción 1/2003 de la Fiscalía General del Estado.

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