El presidente del Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, ha dejado de estar investigado (antes imputado) en el caso Son Espases, relativo a la adjudicación y explotación del mayor complejo hospitalario público de Baleares por 635 millones de euros. Después de dos años de investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, admite que no ha encontrado rastro de que el empresario pagase por la adjudicación del concurso, que finalmente fue para una empresa competidora.

Castro sí ha imputado, por el contrario, al expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas (PP); la que fuera consejera de Salud, Ana María Castillo; el ex director general del Instituto Balear de Salud, Joaquín Bertrán, y Jesús Peinado, administrador de la empresa Global PM, que evaluó las ofertas. El instructor ve motivos para que se sienten en el banquillo por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude a la Administración.

En una resolución conocida este jueves, Castro da al fiscal y a las acusaciones veinte días para que presenten escritos de acusación o pidan el sobreseimiento (cierre) total o parcial del proceso.

El sobreseimiento provisional de la causa ya ha sido acordado por el propio Castro para Villar Mir; José Magán (responsable de hospitales de OHL), Fernando Areal (exgerente del PP balear y cuñado de Matas) y Luis Francisco Piña (asesor jurídico de Global PM).

El juez reconoce que no han dado resultado las investigaciones que ha llevado a cabo sobre el supuesto pago de comisiones al PP por parte de OHL a cambio de la adjudicación del hospital, y ello después de haber pedido a la Audiencia Nacional y al PP numerosa documentación contable.

"Amañó por dos veces"

Villar Mir, defendido por el letrado Carlos Domínguez, siempre ha negado el pago de sobornos al PP y ha pedido de forma reiterada el sobresimiento de la causa.

La resolución de Castro resume que Matas, utilizando a los otros tres imputados, "amañó por dos veces y en sentido inverso" el concurso para la construcción y explotación durante 30 años del hospital, primero con la intención de dárselo a OHL y luego para otorgárselo a una UTE liderada por Dragados, que fue la que resultó adjudicataria.

Castro lo explica así: "La manipulación lo fue en un primer momento para intentar conseguir que la adjudicación recayera en la UTE liderada por la empresa OHL y, en un segundo, por razones no suficientemente aclaradas pero entre las que podría tener cabida el terror -del que podía haberse librado si hubiera actuado lícitamente- de que tal artimaña fuera descubierta y aireada por determinado medio informativo, hacer lo propio pero en sentido contrario, es decir, para obtener que la adjudicación recayera en la UTE más próxima competidora de aquélla, que era la encabezada por la entidad Dragados, fase ésta que culminó con éxito". El juez Castro, pese a sus afirmaciones, no ha dirigido la instrucción contra ningún responsable de Dragados.

"Resulta difícil asumir que quien amaña por dos veces un concurso para beneficiar a concretos licitadores lo haga por capricho o ejercicio abusivo de autoridad sin más", especula Castro. "Quien así obra debe ser consciente, por mucho que en aquellos tiempos se creyera a salvo en la impunidad, que estaba cometiendo hechos tipificados como delitos y a los que el Código Penal asocia determinadas penas, algunas de ellas privativas de libertad. Quien así actúa debe, por tanto, contar con motivaciones importantes o, al menos como tales tenerlas en su escala valorativa, como para conjurar el riesgo de sufrir el reproche penal y social que se derivaría de ser descubierto".

Según el instructor, "sería de una ingenuidad imperdonable el no caer en la cuenta de la posibilidad de una motivación económica, bien del partido político que sustentaba al presidente del Gobierno balear, tanto a nivel nacional como autonómico, o bien de sus concretos dirigentes".

Los datos de Bárcenas

"No en balde", añade, "Luis Bárcenas, aunque en la reciente comisión parlamentaria [del Congreso] sobre la financiación ilegal del Partido Popular extraviara la memoria que sí, en cambio, conservaba en el seno de la Ccomisión no permanente habida a nivel autonómico para la investigación de la adjudicación de Son Espases, admitió en el seno de ésta que el tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, y él llevaron durante una serie de años una contabilidad paralela (...) y que el sr. Villar Mir fue un donante generoso".

En la contabilidad paralela de Bárcenas, Villar Mir aparece como donante de 100.000 euros el 19 de octubre de 2004, de 180.000 euros el 25 de octubre 2.006 y de 250.000 euros el 11 de febrero de 2008.

Las dos últimas "quedan desconectadas", en palabras de Castro, del caso Son Espases porque ya antes de octubre de 2006 se había frustrado la adjudicación del hospital a OHL.

La primera donación, "que, en atención a su fecha, sí que podría ser antecedente del concurso, hay que descartarla porque su importe sería ridículo como determinante de un fraude en un concurso de esta envergadura económica", considera el juez. 

"Parece claro que, si ha mediado un estímulo económico para amañar el concurso, aquél o se quedó en el ofrecimiento o promesa o, si por el contrario, llegó a materializarse, lo fue por cauces tan obviamente clandestinos que, a reserva de que sus intervinientes o algún intermediario cometieran la imprudencia de hacer alguna temeraria anotación escrita o experimentaran algún inusual gesto de honradez y lo confesaran, resulta imposible llegar a su acreditación", concluye Castro.

El instructor enfatiza, no obstante, que el sobreseimiento es provisional, por lo que la causa puede reabrirse contra el empresario si se desvelan nuevos datos.