La resolución en la que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió este viernes a prisión a Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del periódico La Razón, revela que este último era consciente de la ilicitud de los fondos que manejaba el ex presidente del Gobierno de Madrid.
El auto, conocido por EL ESPAÑOL, refleja distintas operativas de blanqueo de dinero 'negro' atribuidas a Ignacio González y a sus familiares, en concreto a su hermano Pablo y a su esposa, Lourdes Cavero. Pablo González es también investigado en la operación Lezo y está en prisión a la espera de conseguir la fianza que se le ha impuesto (4 millones de euros), no así Cavero, contra la que de momento no se ha dirigido el procedimiento.
El instructor se refiere a una conversación grabada el 4 de octubre de 2016 entre Rodríguez Sobrino y la directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond -"dos personas cercanas profesional y personalmente a Ignacio González", precisa- en la que conversan sobre la situación económica del expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa.
"María Fernanda considera que el ritmo de vida del matrimonio no puede sostenerse con los ingresos justificados que tienen y Edmundo da a entender que existen posibles activos financieros opacos a disposición del ex presidente, cuando afirma que tiene 'dinerillo B'", indica el instructor.
Velasco narra que los hermanos González y Lourdes Cavero "planean y/o están ejecutando" operaciones de inversión en empresas "que, en realidad, serían procesos de afloramiento de capital de origen ilícito, ya que la información patrimonial analizada arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio declarado y los importes de las inversiones que planean acometer".
Así, el instructor se refiere a la constitución de una empresa de gestión de guarderías en la que Ignacio González y su esposa participarían parapetados a través de terceros inversores. "Recientemente se ha recibido información que corrobora los indicios ya obtenidos, que en resumen explican que Lourdes Cavero, con una aportación mínima -unos 10.000 euros- habría pasado a controlar el 20% aproximadamente de una sociedad cuya valoración ronda el millón de euros".
Otra de las supuestas operaciones de blanqueo se centra en la adquisición de una parte del accionariado de la sociedad Auditel, valorada en un abanico de uno a tres millones de euros. En una conversación entre Pablo González y su cuñado, José Juan Caballero, el primero da a entender que él e Ignacio disponen de una cantidad que oscila entre 800.000 euros y un millón para realizar esa operación.
De acuerdo con las conversaciones intervenidas, la adquisición de parte del capital de Auditel se realizaría a través del abogado uruguayo Fernando Belhot, fundador del bufete South Capital Partners.
Planes de inversiones opacas con Zaplana
Precisamente en relación con Belhot, González estaba planeando junto al ex ministro Eduardo Zaplana adquirir el 50% de una sociedad vinculada al abogado uruguayo y que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua. La adquisición se pensaba llevar a cabo "a través de sociedades opacas y testaferros" para que no se les vinculase con esa inversión, cuyo desarrollo o estado se desconoce por ahora.
Para el juez, el hecho de que González quisiera recurrir a los servicios de Belhot es indicativo de que "busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero" de los que el expresidente de la Comunidad de Madrid dispondría "y que de acuerdo con la información tributaria no están declarados".
El auto también alude a la "falta de liquidez" de las cuentas de González detectada por los investigadores, que relacionan ese hecho con otra operativa de blanqueo. El político habría vaciado sus cuentas para luego allegar fondos a través de "prestamos ficticios" por pequeños importes aparentemente facilitados por su padre y por su hermano pero que en realidad serían "dinero B" del propio Ignacio González, aflorado de esa manera.