El juez que investiga en una pieza secreta la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, que tiene en su punto de mira a alcaldes del partido, a diputados regionales y a empresarios como Javier López Madrid, del grupo Villar Mir, puede tener los días contados al frente de estas diligencias. Eloy Velasco ha solicitado el puesto de coordinador de un novedoso programa de cuatro años de duración que ha proyectado la Unión Europea para Latinoamérica. Se trata de un cargo de cobertura discrecional por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.
Fuentes del Departamento que dirige Rafael Catalá confirman que Justicia está valorando con mucho interés la candidatura de Velasco que, de ser designado, dejaría el Juzgado Central de Instrucción del que es titular en la Audiencia Nacional y quedaría en situación de servicios especiales, un ventajoso estatus administrativo que da derecho a la reserva de plaza y permite seguir computando antigüedad en la carrera judicial.
Propuesta del CGPJ
No fue, sin embargo, Velasco el candidato que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, presentó el mejor curriculum para el puesto. Tras recibir la comunicación del Ministerio de Justicia sobre la existencia de este programa y la necesidad de cubrir el puesto de coordinador, el CGPJ informó a la carrera judicial y recibió seis candidaturas de magistrados.
El servicio de relaciones internacionales del CGPJ elaboró una terna integrada por Luis Arcos, Manuel Olmedo y Eloy Velasco. La Comisión Permanente propuso al Ministerio al primero de ellos. "Hicimos la propuesta que creímos más idónea", señalan fuentes de la Comisión. "Arcos tiene, a nuestro parecer, el mejor perfil para ese cometido porque tiene muchísima experiencia en proyectos en Iberoamérica en el ámbito de justicia".
En el Ministerio, donde no gustó que el órgano de gobierno de los jueces hiciera una pre-selección para un cargo cuya designación compete en exclusiva al Gobierno, decidieron pedir al CGPJ el envío de los currículos de todos los aspirantes, que efectivamente fueron remitidos a San Bernardo.
El cargo tiene también 'novios' en la Fiscalía, donde existen quejas por la, a su parecer, postergación de fiscales en puestos de representación institucional internacional. Las plazas de enlace en el extranjero están copadas por jueces (varios de ellos procedentes precisamente de la Audiencia Nacional) y el Ministerio Público sólo tiene un representante en Eurojust a través de Francisco Jiménez Villarejo.
Es intención de la Fiscalía presentar a algún candidato al programa de la UE en Latinoamérica, un ambicioso proyecto focalizado en tres áreas: fortalecimiento del Estado de Derecho, Policía y prisiones. España y Francia se encargarán de forma conjunta de la primera de esas áreas, por lo que el coordinador español, cuyo centro de trabajo estará principalmente en Madrid, tendrá que desplazarse con frecuencia a París y a Iberoamérica.
El proyecto persigue la mejora de la cooperación entre jueces, policías y administración penitenciaria para fortalecer los mecanismos de lucha contra el crimen transnacional organizado. En él está implicada, además de la Unión Europea, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac)