“Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo, no sea que te chamusques”. Al PSOE se le olvidó repasar la cita de Shakespeare antes de hacer público su veto al magistrado Andrés Ollero para presidir la institución. En la última semana Ollero ha recibido en su despacho más visitas seguidas que en los cuatro años y medio que lleva en el Tribunal Constitucional. Magistrados de distinta procedencia, incluida la socialista, han ido a hablar con él al trascender que el PSOE le veda para acceder a la presidencia del tribunal. Todos le han expresado su “indignación” e incluso uno de los designados en su día por el PSOE ha dicho a sus colegas que “deberíamos ir a una elección por unanimidad”.

Ollero fue nombrado juez del Constitucional en julio de 2012 por el Congreso. Entre los 260 votos que obtuvo (50 más de los necesarios) muchos provinieron del PSOE, que le aceptó existiendo las mismas circunstancias en las que ahora basa el supuesto veto para el cargo de presidente: los 17 años que fue diputado del PP y su pertenencia al Opus Dei.

Ni una ni otra circunstancias han sido ajenas a la historia del tribunal. José Luis de los Mozos y Manuel Jiménez de Parga fueron jueces constitucionales por designación del PP y del PSOE (el segundo, además, presidente) después de haber desempeñado cargos políticos. José Gabaldón, miembro de la Obra, llegó a ser a vicepresidente. “Sería tremendo que en el tribunal encargado de proteger los derechos fundamentales se aceptaran vetos basados en motivos ideológicos”, señalan fuentes de la institución, que aseguran que “hoy por hoy” la actitud del PSOE contra Ollero “le ha reforzado”.

Los magistrados –“de ambos sectores”, insisten las fuentes consultadas- se encuentran muy molestos después de que desde el ámbito político se les haya indicado a quién no deben elegir para presidirles. “¿Qué pueden pensar los ciudadanos de un tribunal en el que los partidos amañan los nombramientos que les corresponden y también los que no les corresponden?”, lamenta un magistrado. “Nos hacen parecer como esclavos felices sin otro papel que refrendar lo que los partidos pactan”, se queja otro.

Precedentes

La elección del presidente y del vicepresidente del Constitucional compete al colegio de magistrados y se hará una vez que el Senado elija a los cuatro nuevos miembros del tribunal que sustituirán a los que han terminado su mandato: el presidente, Francisco Pérez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela Asúa; y Ricardo Enríquez, que, al llevar menos de tres años en el TC, puede ser reelegido si la renovación se produce antes de marzo. La cuarta vacante corresponde al fallecido Luis Ortega.

No es la primera vez que desde el poder político se han lanzado mensajes de preferencia para la elección del presidente, pero la experiencia enseña que los magistrados suelen hacer lo que a ellos les parece. Para presidir el primer TC el dedo del Gobierno señaló a Aurelio Menéndez y los dedos de los jueces escribieron el nombre de Manuel García Pelayo. En la renovación de 1992 el favorito del PSOE era Luis López Guerra y, sin embargo, fue elegido Miguel Rodríguez-Piñero. En la negociación de los cambios del 98 Aznar planteó al PSOE que volviera al tribunal, para presidirlo, Francisco Rubio Llorente, pero quien accedió a la presidencia fue Álvaro Rodríguez Bereijo. Cuando se produjo la elección de María Emilia Casas en 2004 el que parecía tener más posibilidades era Vicente Conde; sin embargo, fueron dos magistrados propuestos por el PP, Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, los que posibilitaron la promoción de la candidata socialista. Cuando en 2013 se llevó a cabo la elección de Pérez de los Cobos fue necesario hacer ceder a Francisco Hernando, que era bien visto por el Gobierno, y fueron los propios magistrados del tribunal los que le convencieron para que no presentara su candidatura.

En el Tribunal Constitucional se asegura que en la elección del presidente pesan mucho factores personales que escapan a la influencia política. Hay magistrados que respaldan rotundamente a Ollero y otros a los que les parece desabrido y excesivamente inflexible. Pero a todos les preocupa parecer simples marionetas de los partidos y el veto del PSOE no sólo es una falta de respeto a la Constitución y al TC, sino además una tremenda faena a los magistrados. “¿En qué situación queda el nuevo presidente si no es Ollero? ¿Qué van a pensar los ciudadanos, que nosotros nos hemos plegado al poder político y que el presidente es un paniaguado?”, se pregunta un miembro del tribunal.

El veto socialista no sólo no ha arredrado lo más mínimo al candidato sino que le ha fortalecido en su propósito. Según fuentes del TC, Andrés Ollero ha comunicado a sus colegas que no va a renunciar a presentarse al cargo y les ha comentado que “ahora tiene un motivo más para no hacerlo: defender la dignidad de la institución”.

Opciones

“Le guste o no al PSOE, Ollero sigue en la ‘quiniela’ de presidenciables”, señalan las fuentes consultadas. Consideran que continúa siendo, de hecho, el candidato más potente ya que no conceden excesivas opciones ni a Juan José González Rivas -un magistrado con poco peso específico entre sus colegas- ni a Encarnación Roca -que, pese a su aproximación al grupo de jueces propuestos por el PP, encontraría dificultades para lograr el apoyo mayoritario de éstos-.

Roca puede tener problemas incluso para ser vicepresidenta, ya que Fernando Valdés aspira al cargo y, en virtud de la llamada ‘ley de la compensación’ (pertenencia del presidente y del vicepresidente a sectores distintos), tendría él más posibilidades que la magistrada, que se ha quedado ‘en tierra de nadie’.

Quedan, no obstante, varias semanas para la elección (de entrada, faltan los cuatro nuevos magistrados, que también votan) y la ruptura de la ‘ley del último tercio’, aunque ahora mismo no se contempla, no puede descartarse. Se trata de otra de las normas no escritas que rigen la elección del presidente del tribunal, según la cual éste debe ser uno de los cuatro magistrados más veteranos, en este caso Roca, Ollero, Valdés y González Rivas.

El siguiente tercio (el que designaron el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial) está formado por Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano y sería este último el que más apoyos tendría, aunque fuentes de este tercio sostienen que “la tradición, salvo que concurran razones gravísimas, hay que respetarla”.