El exconsejero madrileño Francisco Granados defraudó este miércoles en la Audiencia Nacional las expectativas de quienes esperaban que su situación de encarcelamiento por el caso Púnica -sin visos de convertirse en libertad provisional a corto plazo- hubiera hecho en él la suficiente mella como para llevarle a 'tirar de la manta'. Granados no sólo no dio muestra alguna de estar dispuesto a revelar dónde escondería el dinero que, según los investigadores, obtuvo por comisiones ilegales sino que tampoco aportó información contra quienes, como su ex jefa Esperanza Aguirre, han sido objeto de algunos 'avisos' cuando el exconsejero se ha sentido abandonado.
Granados, que había pedido declarar ante el juez instructor Eloy Velasco, protagonizó un largo monólogo de más de dos horas durante el que quiso salvar a algunos y atacar a otros. Entre estos últimos, el constructor David Marjaliza, que ha confesado sus presuntos delitos y ha implicado a otros investigados, lo que le ha valido para salir de la cárcel. Entre los primeros, el empresario Javier López Madrid, la ex presidenta del Gobierno regional Esperanza Aguirre o Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes.
La declaración de Granados no ha convencido ni al juez ni a las fiscales. Los investigadores querían saber dónde guarda el dinero, que calculan puede ascender a 20 millones de euros, pero él negó la mayor. Aseguró que ha sido un servidor público y que no ha actuado fuera de la ley. Ni él ni su superiora en la Comunidad de Madrid y en el PP regional, para quien sólo ha tenido buenas palabras.
El exconsejero de Presidencia aseguró que Esperanza Aguirre es una "política honrada" que busca "el interés general".
Defendió que la expresidenta de la Comunidad de Madrid era "transparente" en la financiación de sus campañas, aunque sí quiso precisar que era ella quien nombraba a los altos cargos de su Gobierno.
Sus manifestaciones sobre quien fuera su jefa política contrastan con lo que afirmó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL desde la cárcel, en la que sostuvo que Aguirre le había utilizado como un "kleenex".
No era la primera vez que arremetía contra ella. Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid el pasado junio, Granados dijo que "yo no tengo porqué defender a la señora Aguirre, que no ha respetado mi presunción de inocencia. Pero abandonen ustedes la idea de tapar los logros de gobierno en la Comunidad de Madrid con esta campaña de basura generalizada".
"Alguno me va a encontrar"
Granados llevaba tiempo lanzado avisos para navegantes. Desde que tuvo que dejar todos sus cargos en el Partido Popular, tras conocerse que ocultaba una cuenta en Suiza -meses antes de ser detenido-, ya espetó que "alguno me va a encontrar si me expulsan del partido", en respuesta a una intervención de Esperanza Aguirre, que había criticado a quienes tienen cuentas en el país helvético.
Tampoco quiso irse de la Audiencia Nacional sin echar un capote al número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, salpicado por la investigación de supuestos amaños de la empresa pública Arpegio cuando era director general de Cooperación con la Administración local. Granados le desvinculó de cualquier responsabilidad. Dijo que Taboada no era un cargo de su confianza ni fue él quien le nombró, pero durante el tiempo que trabajó con él no supo de nada irregular.
"Menos de un 1% en Urbanismo"
Los encargados de la investigación del 'caso Púnica' sostienen que Granados se llevó un 3% de gran parte de las adjudicaciones que pasaron por sus manos durante la década que ostentó diversos cargos públicos, principalmente relacionadas con obras urbanísticas. Durante su comparecencia de este miércoles defendió que esas sospechas no pueden ser ciertas dado que él no llevaba competencias de Urbanismo en la Comunidad de Madrid y que antes, como alcalde de Valdemoro, dedicaba a urbanismo "menos del 1% de mi tiempo".
Las fiscales anticorrupción le preguntaron por unas facturas de pequeños importes, en torno a 30.000 euros, pagadas por Dragados, Ferrovial y Metro de Madrid a Waiter Music, la compañía especializada en la organización de espectáculos y mítines políticos que montó en 2008 una fiesta de cumpleaños gratis para Granados que costó 12.500 euros.
A este respecto, el exdirigente 'popular' se desvinculó de cualquier tipo de soborno y aseveró que esas facturas podían deberse a los gastos de los actos de colocación de las primeras piedras en las sucesivas fases de construcción del metro madrileño.
"Me", municipios estratégicos
Otro de los puntos de su declaración se centró en una agenda intervenida en su casa, en la que se podían leer apuntes de "in" y "out" en dos columnas con diversas cantidades y siglas. Los investigadores creen que estas anotaciones pueden estar relacionadas con la financiación ilegal del PP de Madrid.
En uno de esos apuntes se podía leer "me" (yo en inglés) y que el juez sospecha que se refiere al dinero que se quedaba el propio Granados. Sin embargo, éste ha asegurado que significa "municipios estratégicos" porque esas hojas era una "nota de trabajo" de una secuencia de actos electorales en Madrid.
Del mismo modo, negó que las iniciales JLM, que los investigadores atribuyen al empresario Javier López Madrid, uno de los que habría contribuido a la financiación del partido, se refieran a esta persona. Según Granados, estas iniciales corresponden a José Luis Moreno, un cargo del PP.
En cambio, sí identificó la siglas BG como correspondientes a Beltrán Gutierrez, ex gerente del PP regional.