El Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) se ha convertido en el último foco policial que salpica de corrupción al Partido Popular. La semana pasada la Policía irrumpió en el consistorio para llevarse diversa documentación ante las sospechas de que el alcalde y su equipo habrían troceados contratos y cometido una serie de irregularidades con dinero público. De la investigación se desprende que desde el Ayuntamiento se pagaron facturas por trabajos no contratados por valor de 1,3 millones de euros entre 2012 y 2013, y a pesar de las alertas de la Intervención de sus irregularidades. Estos pagos ahora investigados se unen al contrato concedido a Aguas de Valencia para gestionar el agua de la localidad a través de la sociedad mixta Aguas de Sagunto.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto, con el apoyo de la Fiscalía de Valencia y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, investiga por qué el alcalde de la localidad en los años investigados (2007 a 2014) y actual diputado regional del PP, Alfredo Castelló, no atendió a los reparos alertados por el interventor del consistorio por incumplimiento de la ley. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del caso, los datos iniciales que se maneja en la investigación es que desde varias concejalías del consistorio se pagaron facturas por una suma de por lo menos 1,3 millones de euros por trabajos realizados pero no contratados.
Es decir, se pagaron ciertos servicios pero no sometidos a ningún contrato para evitar tener que presentarlos a concurso. La otra modalidad era el continuo pago fraccionado por la misma razón. Este modo de actuar fue alertada por el interventor, que emitió una serie de informes de reparos, que luego debía analizar el pleno del ayuntamiento para dejar constancia de que no se estaba cumpliendo con la ley.
Contrario al 'campismo'
Existen indicios de que el Ayuntamiento emitió facturas sin procedimiento de contratación, licitación y concurso y que a pesar de las alertas del interventor se siguió con el mismo procedimiento. Según fuentes de la investigación, la decisión última de corregir estas irregularidades era del alcalde, ya que según la Ley de Subsanación de Reparos es indelegable.
El popular Alfredo Castelló gobernaba Sagunto cuando se libraron las facturas investigadas, por lo que está investigado junto con otros once concejales. El escándalo ha caído como un jarro de agua fría en un partido en el que el propio Castelló, para más inri actual responsable del comité de ética y garantías del PP regional, fue firme defensor de las líneas rojas contra la corrupción en el ocaso del 'campismo'. Más aún, el exalcalde, que apoya su inocencia en que todo pasaba por los interventores, llegó a ser un habitual en las quinielas sucesorias para suceder a Francisco Camps, pero Génova eligió a Alberto Fabra.
Del campo de fútbol a la playa
Entre los trabajos pagados y que se saltaron hacer ningún tipo de contrato está la vigilancia y mantenimiento del campo de fútbol o el pago de los voluntarios de las playas, a los cuales, según la investigación, se le pagó dietas y manutención como si fueran funcionarios cuando la ley dice que lo que debe es contratar a una empresa que sea la que aporte los trabajadores que prestan el servicio.
Sin embargo, en vez de ir por el cauce legal el Ayuntamiento les pagaba directamente dietas y manutención, como si fueran funcionarios en vez de contratados externos. El pago de las facturas siempre debían ir firmadas por un funcionario y por un político.
Entre los trabajos investigados y puestos en entredicho son los de mantenimiento del campos de fútbol, mantenimiento del alumbrado y semáforos, servicios de vigilancia, gastos de dietas y locomoción por las actividades desarrolladas con carácter altruista y solidario por voluntarios, entre otros pagos.