El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha pedido a los 2.747.688 inscritos en el CERA que voten el próximo 29-N.
Lo hace sin advertir de que el Tribunal Supremo ha suspendido el voto de 163.020 de ellos, los nacionalizados por la ley de nietos que no han acreditado exilio.
El CGCEE ha difundido el llamamiento en un comunicado que ha publicado en sus redes sociales con la etiqueta #TuVotoCuenta y bajo el lema "El 29 de noviembre, participa".
En él se pide a los inscritos que animen a votar a "familiares y amistades residentes en el exterior".
Este organismo representa a la diáspora española ante el Gobierno y está adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz.
Su función es asesorar a la Administración en todo lo que afecta a los españoles que viven fuera.
🌍🇪🇸El 29 de noviembre, participa. Tu voto cuenta 📢 Infórmate, revisa tus datos consulares y participa en las elecciones generales. #CGCEE #TuVotoCuenta #CiudadaníaEspañolaEnElExterior #EspañolesEnElExterior #CERA #Elecciones https://t.co/KvuXiJXrkQ
— Consejo General Ciudadanía Española en el Exterior (@CGCEE_VIII) October 20, 2026
En su comunicado, el Consejo presume de que el CERA ha pasado de 1,3 millones de electores en 2011 a más de 2,7 millones en 2026. Y lamenta que, pese a ese "peso demográfico", "más de 2,5 millones de electores no ejercen su derecho".
Lo que no dice es que una parte de esos 2,7 millones no puede votar.
Porque buena parte del crecimiento del registro CERA en los últimos años, tal y como ha venido informando EL ESPAÑOL, se debe precisamente a la ley de nietos.
Desde septiembre, el voto de una parte de esos nuevos electores está en el aire. El día 10 de ese mes, la Sala Tercera del Supremo aceptó las medidas cautelares pedidas por Iustitia Europa y Vox.
Suspendió los efectos electorales de las inscripciones en el CERA de los nacionalizados por la ley de nietos gracias a una presunción de exilio.
Esa presunción nace de una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022, firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.
La instrucción daba por exiliado a todo el que salió de España entre 1936 y 1955, sin exigirle que demostrara que se fue por motivos políticos.
El Supremo aprecia que esa interpretación va más allá de lo que dice la ley.
Con las elecciones ya convocadas, el tribunal se reafirmó y el pasado 12 de octubre mantuvo la suspensión para el 29-N.
Que voten "amigos"
El Consejo no se conforma con pedir el voto. Pide también a cada inscrito que movilice a los suyos y que promueva "la participación de familiares y amigos residentes en el exterior".
Y lo justifica diciendo que "la experiencia demuestra que cuando la ciudadanía exterior se moviliza, su impacto es significativo".
Porque la baja participación, según el comunicado, resta a los españoles de fuera "capacidad" para "influir en decisiones que afectan directamente a su vida cotidiana".
Entre esas decisiones cita los servicios consulares, los derechos civiles, la movilidad laboral, la homologación de títulos, las políticas de retorno, la representación institucional y la "protección social".
El comunicado también afirma que el voto exterior es "un derecho constitucional inherente a la nacionalidad española". Lo dice sin matizar que, para una parte de los nuevos españoles, el Supremo ha dejado ese derecho en suspenso.
El comunicado recomienda, además, "informarse por canales oficiales". Pero el propio Consejo, que es uno de esos canales, es el primero que omite que una parte de los electores a los que se dirige no podrá votar el 29-N.
Al frente del Consejo está Violeta Alonso, que lo preside desde 2022. Y fue ella quien, ya en julio, reconoció lo que ahora ha frenado el Supremo.
En declaraciones a La Región Internacional, Alonso admitió que “hay muy poca gente que esté optando, digamos, por razón de exilio” a la nacionalidad a través de la ley de nietos.
"Cualquier persona que pueda comprobar que es hijo o nieto de emigrantes españoles puede optar ahora mismo a esa nacionalidad", explicó. Y añadió que en algunos casos se está llegando "hasta los bisnietos del emigrante".
Exteriores no cumple
Exteriores, mientras tanto, sigue sin hacer lo que le ha ordenado el Supremo.
El tribunal le encargó revisar, a través de los consulados, quiénes de los inscritos por la ley de nietos han acreditado de verdad ser descendientes de exiliados.
Con esa revisión, los consulados deben certificar quién puede votar y quién no, y enviar la lista a la Oficina del Censo Electoral, que es la que organiza el voto exterior. Sin esos datos, nadie sabe con exactitud a quién afecta la suspensión.
Un mes después de dictar las cautelares, el Supremo le reprochó a Exteriores que el cumplimiento de sus órdenes era "inexistente". La Administración no había aportado ni siquiera una cifra aproximada de afectados.
El pasado 15 de octubre, la Junta Electoral Central constató que el departamento que dirige José Manuel Albares seguía sin enviar esa información. Aun así, autorizó el envío de la documentación electoral a todo el CERA, con una advertencia en cada sobre sobre la posible suspensión del voto.
El propio ministro admitió este lunes que será "muy difícil" revisar a tiempo todos los expedientes: "Nadie está obligado a lo imposible".
El PP ha amenazado a Albares con llevarlo a los tribunales si no cumple lo que exige el Supremo. Este martes, el alto tribunal dio 24 horas a las partes para pronunciarse sobre el acuerdo de la Junta Electoral.