El Gobierno de Ceuta prevé aprobar este martes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inacción" del Gobierno en la crisis del asalto masivo a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio.
El documento, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, denuncia que, pasados 80 días desde la "invasión", aún "no consta que se haya ejecutado una sola expulsión acordada en procedimiento administrativo" de los alrededor de 25.000 migrantes que se quedaron en la ciudad.
La Ciudad pide al Supremo, además, la imposición de "medidas cautelarísimas sin audiencia de la parte contraria".
Alega la corporación local que "la naturaleza perentoria de los plazos legales" que se trata de hacer cumplir así lo aconsejan, además de que "la situación de interés para la Seguridad Nacional" concluye el 31 de diciembre.
Esas cautelarísimas que se solicitan exigen que la Administración del Estado "cumpla las obligaciones que la ley le impone", y que el Supremo ya impuso en la crisis migratoria de Canarias, en marzo de 2025.
El Gobierno de Juan Jesús Vivas pretende que el Supremo ordene al Gobierno de Pedro Sánchez corregir la falta de medios para tramitar los expedientes de expulsión o devolución y las solicitudes de asilo de los adultos que permanecen en Ceuta para, según fuentes del Ejecutivo local, "el retorno de todos los invasores".
La reclamación no plantea devolverlos automáticamente: admite el necesario respeto a los procedimientos individualizados y respeto al asilo; así como el de los menores cuya repatriación con familiares, tutores designados o servicios de acogida adecuados no sea posible en Marruecos.
"Cronificado"
Pero tras un mes sin respuesta al requerimiento presentado el pasado 18 de septiembre, "lejos de remitir, la situación se ha cronificado", sostiene el escrito.
El documento, firmado por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se eleva este martes al Consejo de Gobierno. Según la redacción del acuerdo se registrará ante la Sala Tercera.
La propuesta atribuye a la "omisión estatal" una grave alteración del ejercicio ordinario de las competencias de Ceuta. Invoca sus responsabilidades en asistencia social, sanidad e higiene para justificar la acción judicial.
"Esos perjuicios crecen con cada semana en que la situación se prolonga, comprometen la estabilidad presupuestaria de la Ciudad y no pueden ser reparados con posterioridad", advierte. Ese daño creciente fundamenta la solicitud de una intervención judicial inmediata.
El requerimiento previo fue aprobado por unanimidad el 16 de septiembre y presentado dos días después. Sus destinatarios fueron Presidencia del Gobierno, la Delegación del Gobierno y los ministerios de Política Territorial, Interior e Inclusión.
Ceuta exigía resolver los expedientes de expulsión, devolución o retorno y las solicitudes de protección internacional de los llegados a finales de julio. También reclamaba personal y medios materiales para tramitarlos y mantener la seguridad pública.
La Ciudad pidió que se le comunicara la respuesta al requerimiento. Según el acuerdo que se aprueba este martes, el plazo venció este lunes, 19 de octubre, sin que hubiera sido contestado.
Ochenta días de crisis
Pasados 80 días, Ceuta prepara esta respuesta judicial. El documento describe un "acceso masivo e irregular de personas migrantes" de magnitud muy superior a cualquier flujo ordinario.
La crítica ceutí abarca la "falta de prevención, la inacción en la contención y la nula respuesta posterior". El requerimiento de septiembre ya denunciaba procedimientos sin resolver, expedientes pendientes de inicio e insuficiencia de medios de seguridad, extranjería y asilo.
El escrito recuerda que las competencias de inmigración, extranjería, asilo y seguridad pública corresponden al Estado. También señala que el propio Ejecutivo central reconoció el desbordamiento de las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
Ese reconocimiento figura en el Real decreto 705/2026, el de la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional del 25 de agosto. La propuesta cita, además, el Real decreto-ley 30/2026 de apoyo financiero, del 13 de octubre, como reconocimiento de que la situación extraordinaria persiste y afecta a los servicios esenciales.
La prevención pendiente
Fuentes del Gobierno ceutí sitúan uno de los fallos previos en el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla. "La no aprobación del plan integral de seguridad ha sido un incumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2021", sostienen.
EL ESPAÑOL informó en agosto de que ese instrumento seguía pendiente y carecía de calendario de cierre. Su elaboración figuraba entre las líneas de actuación de la estrategia.
Las mismas fuentes distinguen ese plan del simulacro de contingencia elaborado por el Ejército para responder a una situación como la de julio. Estaba concebido, explican, para un "empleo proporcional de las capacidades disponibles", aunque "por una decisión política, no se quiso desplegar", acusan.
Sin constancia de expulsiones
El documento utiliza datos oficiales ofrecidos por la Autoridad Funcional, el ministro Ángel Víctor Torres. Según el Gobierno central, a mediados de octubre, sólo se había completado el triaje de 4.432 adultos. El sistema de protección ceutí ya atendía a 3.019 menores frente a una capacidad ordinaria de 29.
La denuncia sobre las expulsiones, acotada a las personas llegadas aquellos dos días, confirma que "no consta ninguna expulsión ejecutada mediante procedimiento administrativo".
El recurso se centra en criticar la falta de asignación y despliegue de medios para tramitar los procedimientos "con celeridad", dentro de sus plazos legales. Y lamenta expresamente "la comunicación a esta Administración del estado de esa tramitación".
Más perjuicios cada semana
La Consejería de Hacienda ha cifrado en 45,32 millones de euros los gastos extraordinarios en servicios públicos, emergencias e indemnizaciones. Añade 81 millones más para atención y acogida de menores.
El informe recoge una agregación de magnitudes económicas de 822,09 millones de perjuicio general a la ciudad, incluidas pérdidas sectoriales y deterioro reputacional. Y advierte expresamente de que la reunión de esos conceptos distintos "no constituye una pérdida neta consolidada".
Sino que los "perjuicios" crecen "cada semana que pasa".
Sin audiencia al Gobierno
Ceuta anuncia la solicitud de las cautelarísimas en el mismo escrito de interposición. Invoca el carácter "actual y acumulativo del daño" y la necesidad de hacer cumplir los plazos legales.
También advierte de que la situación de emergencia decretada por el Consejo de Ministros concluye, salvo prórroga, el 31 de diciembre. Por lo que vincula esa fecha al marco de medios comprometidos por el Estado.
Así, los servicios jurídicos consideran competente al Supremo porque atribuyen la inactividad al Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional.
La propuesta establece que se pedirán "sin audiencia previa" del Estado y, subsidiariamente, por la vía cautelar ordinaria.