Las listas conjuntas al Senado registradas un minuto antes de la medianoche del viernes por el PSOE y los socios del Frente Amplio (como IU, Más Madrid, los Comunes o la Chunta) abren un nuevo escenario.
Con esta iniciativa, el presidente Pedro Sánchez aspira a evitar que PP y Vox sumen la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara Alta (161 del total de 267 senadores) que permitiría al futuro Gobierno de coalición renovar el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o nombrar al nuevo Defensor del Pueblo, sin el concurso del PSOE.
Si logra este objetivo, desde la oposición el PSOE podría bloquear o dificultar la renovación del Tribunal Constitucional, que durante la actual legislatura ha actuado como correa de transmisión del Gobierno.
La dirección de Vox analizará el lunes un posible acuerdo con el PP (el partido de Abascal podría no presentar listas al Senado en determinadas provincias) para evitar que el PSOE cumpla este objetivo.
Los partidos de izquierdas han hecho circular la tesis de que su candidatura conjunta Senado de Progreso podría obtener un total de 129 senadores electos. Y hasta 150, incluyendo los designados por los parlamentos autonómicos.
El PP perdería así su actual mayoría absoluta en la Cámara Alta (está fijada en 134 escaños). Y la suma de PP y Vox quedaría lejos de la mayoría cualificada de tres quintos.
Pero para hacer realidad esa previsión, las listas de Senado de Progreso tendrían que superar al PP en la práctica totalidad de las 47 provincias en las que se presenta.
Hoy eso sólo ocurriría en un puñado de circunscripciones, como Valencia, Sevilla o Asturias, con la estimación de voto de las encuestas más recientes.
En el Senado cada provincia elige cuatro senadores y cada elector marca hasta tres: la lista más votada se lleva tres y la segunda, uno.
Por tanto, esa fórmula siempre prima a la lista más votada en cada provincia para favorecer la formación de mayorías.
Además, el voto al Senado no replica el del Congreso: en 2023, las candidaturas de Sumar obtuvieron en la Cámara Alta en torno a un 15% menos de apoyo que en la Cámara Baja.
Y la experiencia de 2016 y 2019 muestra que las uniones de izquierda no siempre retienen todo el voto de sus socios.
La proyección de la media de las últimas encuestas publicadas indica que Senado de Progreso podría obtener hoy hasta 70 senadores electos.
Tribunal Constitucional
El mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (el presidente Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías) venció en diciembre de 2025.
Su renovación, en este caso, requiere el apoyo de tres quintos del Senado: es decir, 161 de los 267 senadores que componen la Cámara Alta.
En la actualidad, PP (141), Vox (5) y UPN (1) suman 147 senadores, insuficientes para sacar adelante la votación.
Durante la actual legislatura, el tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido ha avalado la ley de amnistía a los líderes independentistas y ha anulado las condenas del caso ERE que afectaban a exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Y en las próximas semanas podría anular, a instancias del Defensor del Pueblo, las medidas cautelares del Tribunal Supremo que han suspendido el voto de 160.000 beneficiarios de la ley de nietos.
Sería un órdago sin precedentes que cuestionaría la limpieza de las elecciones generales del 29N, como ya ha apuntado el Supremo.
CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está formado por 20 vocales.
Según la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, 10 de ellos deben ser elegidos por el Congreso por una mayoría cualificada de tres quintos (210 votos).
Y los otros 10, por tres quintos del Senado (160 senadores).
El actual CGPJ que preside María Isabel Perelló fue elegido mediante un pacto entre el PP y el PSOE auspiciado por la UE.
Tomó posesión en 2024 y su mandato es de cinco años, por lo que no toca renovarlo hasta 2029.
En principio, el cambio debería producirse, por tanto, durante la próxima legislatura.
Defensor del Pueblo
El actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, fue elegido por las Cortes en noviembre de 2021. Su mandato es de cinco años, por lo que vence en noviembre de 2026.
También en este caso, el Gobierno de Sánchez rompió la tradición, según la cual, si el Defensor del Pueblo era elegido por el PSOE, el número 2 de la institución sería designado por el PP.
El nombramiento exige una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso (210 diputados) y del Senado (161 senadores).
La ley prevé un mecanismo de segunda vuelta por el que, si no se da esta mayoría cualificada en la Cámara Alta, basta una mayoría absoluta en segunda votación.