La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre, celebrada en Moncloa una vez convocadas las elecciones generales del 29 de noviembre.
El organismo aprecia que sus declaraciones podrían haber vulnerado la prohibición de utilizar actos institucionales con fines electoralistas y ordena retirar las manifestaciones cuestionadas de los canales oficiales en los que continúen publicadas.
La resolución responde a la denuncia del PP por utilizar Moncloa para "dar un mitin del PSOE". Los populares acusaron a Sánchez de exhibir los "supuestos logros" de su Gobierno, "atacar a la oposición" y lanzar mensajes electorales, y reclamaron la multa máxima de 3.000 euros por sus antecedentes.
Fuentes de la dirección del PP celebran la apertura del expediente como una "primera victoria" y califican la comparecencia de Sánchez de "mitin en la sede del Gobierno", una "muestra de debilidad" y un intento de "sacar ventaja de un candidato desesperado".
Aun así, el PP sigue reclamando que la multa alcance hasta los 6.000 euros por la reiteración de estas conductas. "Dijimos que no le dejaríamos pasar ni una", añaden los populares, que presentan la decisión como una sanción, aunque la Junta ha acordado iniciar el procedimiento sin imponer todavía una multa definitiva.
Según el escrito de la JEC, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el presidente "no se limitó a informar" sobre los decretos de vivienda aprobados aquel día.
Introdujo valoraciones sobre su gestión, críticas a sus adversarios y una petición de mayor respaldo parlamentario que, examinadas en conjunto, "exceden de la exposición objetiva" de los acuerdos del Consejo de Ministros.
"Una mayoría más rotunda"
Entre las declaraciones cuestionadas, la Junta destaca esta: "Pero necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda". El organismo entiende que Sánchez vinculó las medidas anunciadas con la necesidad de ampliar su mayoría en las elecciones convocadas.
También señala su balance legislativo: "Hemos sacado adelante nada más y nada menos que 33 leyes, 43 reales decretos ley y dos reformas constitucionales en esta legislatura". La frase estaba acompañada de referencias a los resultados económicos, el empleo y la desigualdad.
La resolución incluye su comparación sobre las pensiones: "En 2018 la hucha de las pensiones estaba en 5.000 millones de euros y hoy la hucha de las pensiones está en 20.000 millones". Añade sus afirmaciones de haber multiplicado por ocho los presupuestos de vivienda y transferido 7.000 millones a las comunidades para construir vivienda protegida.
En cuanto a los ataques a la oposición, recoge que "no solamente decayeron los reales decretos ley, sino que también cayeron las caretas de los grupos parlamentarios". Sánchez añadió: "Y ahí está el PP, ahí está por supuesto Vox, lo que pasa es que a Vox no le meto en la ecuación porque no entiendo que hagan política, es otra cosa".
Medios públicos y neutralidad
La JEC subraya que Sánchez intervino como presidente, desde Moncloa y mediante canales institucionales, con el periodo electoral ya iniciado. Informar sobre las medidas del Gobierno, razona, no excluye la aplicación del artículo 50.2 de la Ley Electoral ni exime del "deber de neutralidad".
El presidente del Gobierno, sostiene el escrito, "puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el período electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo".
Tampoco las preguntas de los periodistas justifican introducir descalificaciones contrarias a esa obligación.
La defensa de Sánchez había solicitado el archivo: sostuvo que explicar los decretos exigía abordar el debate político previo y que las alusiones a nuevas mayorías no constituían una petición de voto. La Junta rechaza archivar y recuerda que el presidente "debía conocer suficientemente" estas exigencias por las sanciones anteriores.
Si el expediente termina en sanción, sería su quinta multa durante siete procesos electorales distintos.
Fuentes del PP hacen referencia a cuatro multas por 6.600 euros, en las generales de 2019; en las de Castilla y León de febrero de 2022; en las generales del 23-J; en las gallegas de febrero de 2024; en las catalanas de mayo de 2024; y en las de Extremadura de diciembre de 2025.
El expediente abierto no implica todavía una multa definitiva, aunque la argumentación del escrito es contundente: Sánchez dispone de 10 días hábiles para alegar y se expone a una sanción máxima de 3.000 euros.
El acuerdo de la JEC contempla una reducción a 1.800 euros si también reconoce su responsabilidad en plazo, y permite mantener publicada la información sobre los acuerdos del Consejo de Ministros.
Por último, en el mismo acuerdo, la JEC desestima la parte de la denuncia de Se Acabó la Fiesta (SALF) que cuestionaba la aprobación de los decretos y su eventual convalidación por la Diputación Permanente, al carecer de competencias para controlarlas.